La atracción de inversión y la generación de empleo son dos de los mayores retos que enfrenta Ecuador. El Estado no puede seguir operando con estructuras rígidas, trámites interminables y regulaciones que, más que proteger, ahuyentan. La rigidez institucional no solo frena la llegada de nuevos proyectos, sino que limita la capacidad de crecimiento de los que ya están en marcha.
Flexibilizar no significa renunciar a los derechos laborales ni sacrificar la seguridad jurídica; implica modernizar los procesos, simplificar la normativa, eliminar la tramitología innecesaria y ofrecer incentivos claros y sostenibles para la inversión. El Estado debe actuar como socio del desarrollo, no como obstáculo. Países de la región que han entendido esta lógica han conseguido atraer capital, impulsar la innovación y, sobre todo, crear empleos de calidad.
El mercado laboral ecuatoriano necesita reformas que combinen flexibilidad con protección. Contratos adaptados a distintas realidades productivas, modalidades que permitan a las empresas crecer sin temor a costos desproporcionados y mecanismos que fomenten la capacitación son herramientas indispensables.
