Los abusos de poder en Ecuador pueden referirse a diversas situaciones en las que personas en posiciones de autoridad utilizan su cargo de manera inapropiada o ilegal.
Es la situación que actualmente vivimos los ecuatorianos con la confrontación entre el presidente Daniel Noboa Azin y los miembros de la Corte Constitucional.
Para combatir estos abusos, es importante fortalecer las instituciones democráticas, promover la transparencia y la rendición de cuentas, proteger los derechos humanos y la libertad de expresión, así como fomentar la participación ciudadana y la vigilancia.
El conflicto entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional en Ecuador es un asunto complejo y delicado, con implicaciones significativas para la democracia y la estabilidad política del país, cuyas causas suelen ser las diferencias en la interpretación de la Constitución —pues ambos pueden tener visiones distintas sobre el alcance de la Carta Magna y las leyes—; la disputa de poderes y atribuciones que la Constitución asigna; y la influencia política y partidista, que puede incidir en las decisiones de cualquiera de los dos poderes.
La Corte Constitucional es el órgano de control que puede suspender artículos de leyes que considere inconstitucionales. Así lo han hecho sus miembros, sin incurrir en abuso ni actuación fraudulenta, y amparados en las garantías que les otorgan las normas vigentes. En este caso, suspendieron artículos de tres leyes económicas urgentes impulsadas por el Gobierno y aprobadas por la Asamblea Nacional. Esto demuestra que la Corte tiene la facultad de vetar leyes o partes de ellas cuando vulneren la Constitución.
El diálogo y la negociación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional son claves para resolver el conflicto y encontrar soluciones que beneficien al país. Es fundamental que ambos respeten la Constitución y las leyes, y trabajen de manera conjunta para garantizar la estabilidad y la democracia, evitando dañar la imagen internacional del Ecuador. También es necesario frenar los llamados a marchas que, desde el Gobierno o desde organizaciones sociales, puedan agravar la tensión.
En algunos casos, podrían ser necesarias reformas institucionales que fortalezcan la independencia y eficacia de la Corte Constitucional, y que garanticen la separación de poderes entre Ejecutivo, Judicial y Constitucional. Por lo demás, los ecuatorianos queremos vivir en paz.
