Es urgente adecuar el marco legal para que las Fuerzas Armadas y la Policía actúen con eficacia contra las bandas criminales en la guerra interna que enfrenta Ecuador.
La legislación vigente fue diseñada para tiempos de paz y limita la capacidad operativa frente a un enemigo armado, organizado y en expansión. Las normas actuales entorpecen acciones rápidas y coordinadas, debilitando la respuesta estatal y otorgando ventaja a la delincuencia.
La adaptación legal debe autorizar, de forma temporal y controlada, restricciones a derechos como la libre circulación, la inviolabilidad de las comunicaciones o la libertad de expresión, tal como lo permiten las leyes en casos de emergencia.
Sin ese respaldo normativo, las fuerzas del orden seguirán atadas, incapaces de neutralizar amenazas que ponen en riesgo la estabilidad nacional. Flexibilidad no es impunidad: es dotar de herramientas para defender a la ciudadanía.
Este cambio debe aprobarse con transparencia, plazo definido y control democrático. Ganar esta guerra exige reglas para la guerra, no para la paz. El tiempo corre y la delincuencia ha demostrado, incluso, estar mejor preparada que la fuerza pública en algunos aspectos.
