La vigilancia en zonas de riesgo no es suficiente si no se acompaña de acciones firmes para impedir que las personas vuelvan a ocupar espacios peligrosos. Las políticas públicas deben ser claras: no se puede permitir el uso ni la construcción en áreas vulnerables.

En Portoviejo, existen sectores donde las viviendas se cuartean y están en peligro de colapsar, pero aún son habitadas. Esa situación, además de riesgosa, contradice los esfuerzos y recursos invertidos en procesos de reubicación.

Hay casos documentados de familias que, tras ser reubicadas, regresan a sus antiguos predios sin control ni sanción. Esto representa no solo un riesgo para sus vidas, sino también un mal uso de los recursos públicos pues las entidades del Estado invierten en la construcción de nuevas casas que luego son abandonadas o, peor, alquiladas.

Las autoridades locales deben actuar con decisión, y si no cuentan con recursos, exigir apoyo del Gobierno central. Lo importante es garantizar alternativas seguras y sostenibles para quienes más lo necesitan.

Hay que proteger la vida y los bienes de las personas. Mirar impasibles cómo se incrementa el riesgo no es lo que se espera de los funcionarios públicos.