La asambleísta por Santo Domingo de los Tsáchilas, Yadira Bayas, y el director provincial del Consejo de la Judicatura, Andrés Guzmán, realizaron un recorrido de inspección el lunes 14 de julio de 2025 por las instalaciones del Complejo Judicial de la avenida Abraham Calazacón en Santo Domingo, para verificar las falencias estructurales y la necesidad de recursos humanos, como parte de la declaratoria de emergencia de la Función Judicial en el país.
Inspección revela graves falencias
Durante el recorrido, que abarcó desde el subsuelo hasta la terraza, se constataron múltiples deficiencias. Por ejemplo, en el garaje subterráneo, la falta de luz eléctrica es evidente. Además, se verificaron filtraciones de humedad y un severo daño en los sistemas de aire acondicionado, comprometiendo las condiciones de trabajo y atención.
Los ascensores del complejo no funcionan adecuadamente, lo que genera inconvenientes y riesgos. Un abogado asiduo al lugar comentó que “esto se está cayendo por dentro”, reflejando la preocupación general. Estas observaciones subrayan la urgencia de intervenciones.
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Este Complejo Judicial, inaugurado en 2013 con una inversión de 13 millones de dólares, presenta serios problemas. Las filtraciones de agua por el aire acondicionado, especialmente durante las lluvias, son una constante. Esta situación demanda una atención inmediata para preservar la infraestructura.
Emergencia judicial para combatir la impunidad
La asambleísta Yadira Bayas explicó que el Gobierno Nacional declaró en estado de emergencia la Función Judicial para abordar las deficiencias heredadas. El objetivo principal es la efectivización de recursos humanos y de infraestructura. Esto busca mejorar la atención ciudadana en Santo Domingo y en todo el país.
Bayas destacó la necesidad de 700 jueces y 600 fiscales adicionales a nivel nacional para cubrir la demanda. Asimismo, se requieren aproximadamente 200 millones de dólares de presupuesto para mejorar el sistema de justicia. La declaratoria de emergencia también busca depurar el sistema, combatiendo la impunidad y la corrupción.
Presupuesto insuficiente y déficit de personal
Andrés Guzmán, director provincial del Consejo de la Judicatura, enfatizó que la autogestión y una correcta ejecución presupuestaria han permitido mitigar algunos riesgos. Sin embargo, el presupuesto provincial de 8 millones de dólares es insuficiente. Aproximadamente 7 millones de dólares se destinan únicamente al pago de sueldos.
Esto deja solo 400 mil dólares para cubrir el resto de necesidades. Guzmán señaló que esta cantidad es escasa para atender la emergencia en infraestructura y el déficit de personal. Consecuentemente, en la provincia, faltan 11 jueces y varios servidores judiciales, lo que afecta directamente la operatividad.
Daños estructurales y costos de reparación
Entre los daños estructurales más críticos del Complejo Judicial, Guzmán detalló la filtración de agua, que requiere una inversión estimada de 160 mil dólares. Además, se necesitan 60 mil dólares para la reparación de ascensores y trabajos de pintura. Estos problemas comprometen la integridad del edificio.
Santo Domingo | La asambleísta Yadira Bayas realizó un recorrido en el complejo judicial de la avenida Abraham Calazacón, en la que verificó daños en la infraestructura.
Los detalles: https://t.co/QQzEeuawMv@diariocentroec pic.twitter.com/a7GqEDQ8bg— Diario Centro StoDgo (@diariocentroec) July 14, 2025
El mantenimiento adecuado no se ha podido dar debido a la falta de fondos suficientes. Por ello, estas reparaciones son prioritarias para garantizar la seguridad y funcionalidad. La situación expuesta subraya la necesidad de una inyección significativa de recursos.
Expectativas ante la declaratoria de emergencia
Miguel Guartán, presidente del Colegio de Abogados de Santo Domingo, expresó su optimismo. Afirmó que la declaratoria de emergencia “va a permitir que la justicia al fin del túnel se pueda” ver una mejora. Esta medida es vista como una oportunidad crucial para revitalizar el sistema judicial (5).
