La Cámara de Minería del Ecuador presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la reciente tasa de fiscalización minera, que consideran técnicamente, jurídicamente y económicamente inviable. La presidenta del gremio, María Eulalia Silva, explicó que la tasa afecta principalmente a las empresas en fase de exploración, pues se calcula en función del número de hectáreas concesionadas, perjudicando a quienes tienen mayores áreas para buscar recursos minerales. Además, lamentó que el sector intentó dialogar durante cinco semanas con el Gobierno de Daniel Noboa sin ser escuchado.

El sector minero advierte que la tasa minera impuesta por la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) desincentiva la inversión y pone en riesgo la exploración, etapa clave donde aún no hay ingresos pero sí altos costos. La acción legal busca suspender la resolución Arcom-003/25 que dispone el cobro de esta tasa, la cual puede superar en algunos casos los presupuestos de inversión y operación de las empresas mineras, e incluso el valor de mercado de algunas compañías, según el abogado Emilio Suárez, patrocinador de la demanda.

Impacto de la tasa minera en la exploración y operación

La tasa minera se calcula entre el 3% y el 100% de una Remuneración Básica Unificada (RBU), equivalente a $470 en 2025, por hectárea concesionada. Esto implica que las empresas mineras deben pagar desde $14,1 hasta $470 por hectárea, dependiendo del régimen y la fase del proyecto. La normativa establece pagos semestrales para mediana y gran minería, y anuales para la pequeña minería, mientras que la minería artesanal queda exenta.

Este esquema afecta especialmente a las empresas en exploración, que poseen grandes extensiones concesionadas para evaluar la viabilidad de explotación. La presidenta de la Cámara de Minería enfatizó que la tasa minera representa un cambio abrupto en las reglas del juego, generando inseguridad jurídica y poniendo en riesgo el desarrollo del sector. Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Minería, Óscar Loor, aclaró que muchas empresas no cuentan con recursos suficientes para afrontar estos pagos: “No es que no queremos pagar, no podemos pagar”.

Reacción legal y contexto económico

La empresa Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining fue la primera en presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la tasa minera. La acción legal, ingresada el 1 de julio del 2025 a la Corte Constitucional, cuestiona los artículos 1 y 2 de la resolución Arcom-003/25, alegando que la medida vulnera el marco constitucional y genera cargas desproporcionadas para las empresas en fases tempranas del desarrollo minero.

La Corte Constitucional ya avocó conocimiento del trámite y deberá pronunciarse en los próximos meses. Mientras tanto, el Gobierno espera recaudar alrededor de 200 millones de dólares anuales con esta tasa minera, recursos que serán administrados por Arcom. La controversia persiste, ya que el sector minero insiste en que la medida afecta la inversión en un sector estratégico para la economía.

Perspectivas y desafíos para la minería en Ecuador

El cobro de la tasa minera comenzó en julio de 2025, y las empresas deben realizar el primer pago antes del 31 de julio. La normativa excluye a los titulares de concesiones para materiales de construcción y a la minería artesanal. Sin embargo, impacta a la mediana y gran minería en sus diversas fases: evaluación económica, exploración y explotación.

El abogado Emilio Suárez advirtió que esta es la cuarta acción de inconstitucionalidad presentada contra la tasa minera. La tensión entre el Gobierno y el sector minero continúa, en un contexto donde la minería representa una actividad económica estratégica, pero su regulación genera debates jurídicos y sociales.