El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, liderado por la ministra María Luisa Cruz, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el Municipio de Guayaquil por un presunto delito contra los derechos del consumidor. La acción legal responde a la falta de presentación de planes de acción y correctivos para mejorar la calidad del agua potable en la ciudad, tras detectarse irregularidades en los niveles de cloro residual y pH en sectores como Samanes 7 y el suburbio oeste. Además, se inició un proceso administrativo sancionador contra el Municipio y la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

La denuncia, se basa en los resultados de controles realizados por la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), que identificó que los parámetros de calidad del agua en Guayaquil no cumplen con los estándares establecidos. El Municipio, encabezado por el alcalde Aquiles Alvarez, estaba obligado a presentar un plan de acción y un correctivo, pero, según la ministra Cruz, no cumplió con esta disposición.

Controles y sanciones a nivel nacional

El Ministerio de Ambiente ha intensificado la fiscalización de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) en todo el país. De los 250 controles realizados a 87 GAD, 21 han sido sancionados por incumplimientos similares. Estos gobiernos debían presentar planes para garantizar el acceso a agua potable de calidad, conforme a la normativa vigente. En el caso de Guayaquil, la falta de respuesta por parte del Municipio motivó la intervención del Ministerio.

La ministra Cruz enfatizó que la prioridad es proteger los derechos de los ciudadanos a un servicio básico de calidad. “No podemos permitir que la población consuma agua que no cumpla con los estándares mínimos de potabilidad”, señaló. La denuncia presentada busca establecer responsabilidades y garantizar que se tomen medidas correctivas de manera inmediata.

Irregularidades detectadas en Guayaquil

Las inspecciones de la ARCA en Guayaquil revelaron que los niveles de cloro residual, un indicador clave para garantizar la desinfección del agua, y el pH, que mide su acidez o alcalinidad, estaban fuera de los rangos permitidos en los sectores de Samanes 7 y el suburbio oeste. Estos hallazgos, según el Ministerio, representan un riesgo para la salud de los habitantes de dichas zonas, quienes dependen del suministro municipal.

A pesar de las notificaciones enviadas al Municipio, no se presentaron los documentos requeridos para subsanar las irregularidades. Esto llevó al Ministerio a escalar el caso a la Fiscalía, argumentando un presunto delito contra los derechos del consumidor, dado que el acceso a agua potable es un servicio esencial protegido por la ley.

Proceso sancionador y próximas acciones

El proceso administrativo sancionador iniciado el 19 de junio establece un plazo para que el Municipio de Guayaquil presente descargos y corrija las fallas detectadas. Paralelamente, la denuncia penal en la Fiscalía busca determinar si hubo negligencia o incumplimiento deliberado por parte de las autoridades locales. La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado también está incluida en el proceso, ya que es la entidad encargada de la gestión del servicio.

El Ministerio de Ambiente ha anunciado que continuará con los controles a nivel nacional para garantizar el cumplimiento de la normativa. En Guayaquil, los ciudadanos esperan que las autoridades municipales respondan con acciones concretas para mejorar la calidad del agua. Mientras tanto, el caso sigue en investigación, y se aguardan los resultados de los procesos administrativo y penal.