El Consejo de la Judicatura (CJ) suspendió a cinco servidores judiciales de la provincia de Manabí, el 19 de junio de 2025, debido a su presunta implicación en el caso Narcotentáculos, una investigación por el delito de delincuencia organizada. Esta medida busca asegurar la transparencia mientras avanza la investigación.
Suspensión por tres meses
El Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión ordinaria No. 054-2025, tomó una acción contundente. La suspensión, por tres meses y sin sueldo, aplica a los funcionarios señalados en el caso Narcotentáculos. Este caso investiga el presunto delito de delincuencia organizada, que vincula a miembros de la Función Judicial.
Este proceso surge de testimonios anticipados de dos exjueces. Estos exjueces fueron sentenciados previamente en el caso Plaga. Ellos revelaron la existencia de una red criminal. Esta red estaría conformada por servidores judiciales y abogados en libre ejercicio. Su objetivo sería liberar a personas privadas de libertad. Utilizaban para ello acciones constitucionales. La Judicatura busca así limpiar sus filas.
Medida disciplinaria y prevención
Todos los servidores citados habrían cometido una infracción disciplinaria gravísima. Esta infracción está tipificada en el artículo 109.11 del Código Orgánico de la Función Judicial. Dicho artículo prohíbe solicitar o recibir préstamos. También impide la aceptación de otros bienes, favores o servicios. Estos elementos podrían poner en duda la imparcialidad del servidor judicial. La norma busca preservar la integridad.
La suspensión es una medida preventiva. Regirá mientras se sustancie el proceso disciplinario. Se busca determinar si los servidores cometieron la falta. El Pleno dispuso que el Consejo de la Judicatura de Manabí continúe con la tramitación de los expedientes. El objetivo es que el proceso sea célere. La administración de justicia debe ser efectiva.
Reserva del proceso
El Pleno del CJ declaró la reserva de las medidas preventivas. Esta decisión cumple con lo previsto en el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal. El propósito es no entorpecer la investigación. Tampoco se busca difundir información sensible. La investigación la lleva a cabo la Fiscalía General del Estado. Esta reserva asegura la confidencialidad.
