Representantes del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y del Instituto Nacional de la Economía Popular y Solidaria (IEPS) participaron en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional el 18 de junio de 2025. Presentaron propuestas cruciales para el proyecto de Ley de Integridad Pública. El objetivo es fortalecer la participación de la Economía Popular y Solidaria (EPS) en la contratación pública y proteger a proveedores denunciantes.
Relevancia del IEPS en el sistema de contratación pública
Arianna Burgos, directora del IEPS, enfatizó la necesidad de incluir al representante legal del Instituto en el directorio del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esta reforma, explicó Burgos, permitirá al IEPS canalizar la participación activa del sector de la EPS. Se busca asegurar que este sector contribuya en la formulación de políticas públicas beneficiosas. La economía popular y solidaria depende en un 80% de la contratación con el sector público. Por ello, su visibilidad y representación son vitales para su subsistencia.
Respecto al artículo 46 del proyecto de ley, Burgos solicitó mecanismos para que las entidades de la EPS mantengan sus oportunidades. Este artículo considera la identificación de mejores ofertas fuera del catálogo electrónico. La directora del IEPS advirtió que esta medida podría mermar la capacidad de la EPS para competir. Es fundamental que las entidades de la EPS no pierdan ventajas frente a medianos y grandes oferentes. De lo contrario, se afectaría gravemente a un sector que vive de sus contrataciones estatales.
Claridad en ferias inclusivas
Burgos también destacó la importancia de las ferias inclusivas. Pidió al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), en coordinación con el IEPS, que establezca con claridad los bienes y servicios. Estos bienes y servicios deben ser adquiridos en estos espacios. El objetivo es que los contratantes sigan apostando por los servicios ofrecidos por la EPS. Esto asegura la continuidad del apoyo a este importante sector económico. La transparencia en estas ferias es clave para su éxito.
Jorge Yépez, representante del MIES, se refirió al artículo 14 del proyecto de ley. Propuso incluir garantías de reserva de identidad para los proveedores del Estado. Estas garantías aplicarían a quienes denuncien o ayuden a identificar irregularidades. Esto incluye delitos como la falsificación de firmas en procesos de contratación. Yépez señaló que la Fiscalía General del Estado analizará y determinará la responsabilidad. Además, validará las pruebas para otorgar incentivos a los proveedores denunciantes.
Impacto de la ley de integridad pública
Este proyecto de Ley de Integridad Pública busca fortalecer la transparencia. Asimismo, pretende prevenir la corrupción en la administración pública. Las aportaciones del MIES y el IEPS subrayan la importancia de la inclusión social. También, resaltan la necesidad de proteger a los actores económicos más vulnerables. La contratación pública debe ser un motor de desarrollo equitativo.
