El sobreendeudamiento rural en Manabí ha escalado a niveles críticos, afectando gravemente a comunidades agrícolas de cantones como Rocafuerte, Tosagua y Bolívar. Según datos 2024 del Banco Central del Ecuador, más del 65 % de los hogares rurales están endeudados con montos que superan los 3.000 dólares. La proliferación de créditos informales ha generado una crisis social que estanca la producción, golpea el consumo y deja a miles en riesgo de pobreza extrema.

Se trata de una situación financiera en la que una persona, familia o entidad adquiere un nivel de deuda que supera su capacidad real de pago. Es decir, los ingresos disponibles no son suficientes para cubrir las obligaciones crediticias sin sacrificar el consumo básico o el bienestar económico.

El tema es crítico. Agricultores como Luis Macías, de la parroquia Bachillero en Tosagua, han debido hipotecar tierras por préstamos informales que se otorgaban sin regulación ni garantías. “Me prestaron 2.500 dólares con interés del 10 % mensual. No pude pagar y ahora quieren quedarse con mi finca”, relata Macías. Desde el gobierno se reconoce que la falta de acceso a créditos formales ha disparado la economía informal.

El nudo del sobreendeudamiento rural

La raíz del problema se halla en la limitada presencia de la banca tradicional. Según la Superintendencia de Bancos, en Manabí solo 2 de cada 10 productores acceden a créditos formales. El resto recurre a prestamistas informales, conocidos como “chulqueros”, cuyas tasas superan el 120 % anual. Según expertos, el endeudamiento no solo frena la inversión agrícola, sino que:

• Disminuye la capacidad de ahorro.

• Aumenta la informalidad laboral.

• Fomenta el abandono de tierras.

• Afecta la seguridad alimentaria.

• Impide el pago de servicios básicos.

• Fomenta la migración rural-urbana.

• Debilita el tejido comunitario.

• Provoca deserción escolar.

• Incrementa los niveles de estrés y violencia intrafamiliar.

• Estanca la economía local y el consumo.

Políticas pendientes y esfuerzos tibios

El Gobierno Nacional, a través del Plan de Reactivación Agroproductiva 2024, anunció un fondo de 20 millones de dólares para refinanciar deudas del sector agrícola. Sin embargo, productores como María Loor, de Chone, aseguran que el acceso sigue siendo limitado: “Llenamos formularios, pero nunca nos aprueban nada. Mientras tanto, los chulqueros están en la puerta”. La ausencia de garantías y la informalidad laboral dificultan la elegibilidad bancaria.

Alarma silenciosa en las zonas rurales

Lo que inició como un mecanismo de supervivencia terminó convirtiéndose en una trampa estructural para el agro manabita. Las deudas impagables, sumadas a la falta de acompañamiento técnico y financiero, empujan a las comunidades rurales a un ciclo sin salida. El llamado desde organizaciones como Cáritas Ecuador y la Red de Economía Popular y Solidaria es claro: se necesita intervención urgente, desde las bases, para evitar el colapso total del tejido productivo en las zonas rurales de Manabí.