Un juez de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado dictaminó el llamamiento a juicio en contra de Cergio A. C., exalcalde del cantón Taisha. La decisión judicial se fundamenta en un presunto delito de enriquecimiento ilícito, tras detectarse un significativo incremento patrimonial injustificado que asciende a la considerable suma de $312.959. La investigación en este caso ha revelado movimientos financieros y adquisiciones que levantan serias sospechas sobre la gestión del exfuncionario municipal.
Durante su periodo al frente del municipio de Taisha, el procesado presuntamente recibió depósitos que excedían sus remuneraciones habituales. Además, la investigación arrojó luz sobre la adquisición de un vehículo y un inmueble, así como la cancelación de diversas deudas. Estos movimientos financieros, en su conjunto, configurarían el incremento patrimonial injustificado por el monto antes mencionado. La Fiscalía presentó ante el magistrado una sólida argumentación, basada en las evidencias recabadas durante la fase de instrucción del caso.
Incumplimiento de medidas cautelares agrava la situación del exalcalde
El magistrado, tras analizar los argumentos presentados por la Fiscalía, acogió la solicitud de la entidad acusadora. En consecuencia, dejó sin efecto la medida cautelar de presentación periódica que previamente se había impuesto al exalcalde. Esta decisión se tomó debido al incumplimiento de dicha medida por parte del implicado. En su lugar, el juez determinó la prisión preventiva como la nueva medida cautelar, considerando la gravedad de los hechos investigados.
En el transcurso de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la fiscal a cargo del caso expuso detalladamente los elementos de convicción que sustentan la acusación. Entre estas pruebas, destacó un informe emitido por la Contraloría General del Estado, el cual contenía indicios de responsabilidad penal contra Cergio A. C. Este informe se basó en el análisis de su gestión como alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Taisha.
Declaraciones patrimoniales omitidas levantan sospechas de corrupción
Según el informe de la Contraloría, Cergio A. C. presentó su declaración patrimonial jurada al inicio de su gestión, específicamente el 14 de mayo de 2014. Sin embargo, la investigación reveló una omisión significativa en el cumplimiento de sus obligaciones legales. El exalcalde no registró las declaraciones periódicas correspondientes a los años 2016 y 2019, así como tampoco presentó la declaración de fin de gestión. Esta falta de transparencia en la rendición de cuentas patrimoniales constituye un elemento clave en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
El delito de enriquecimiento ilícito se encuentra claramente tipificado y sancionado en el artículo 279, inciso 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La legislación ecuatoriana establece una pena de privación de libertad que oscila entre los siete y los diez años para quienes incurran en esta conducta delictiva.
Pruebas contundentes sustentan la acusación de la Fiscalía
Por su parte, la fiscal provincial fundamentó la acusación contra Cergio A. C. con una serie de elementos de convicción que fueron presentados durante la audiencia. Entre estas pruebas se incluyen las versiones de personas clave en la investigación, así como el ya mencionado informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado. Adicionalmente, se presentaron los resultados de una exhaustiva pericia contable y financiera, la cual analizó los movimientos económicos del exalcalde durante su gestión.
Otro elemento probatorio de gran relevancia fue un informe ejecutivo elaborado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Asimismo, se incorporó a la investigación documentación oficial proveniente del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del cantón Taisha, la cual detalla las adquisiciones de bienes inmuebles. Finalmente, se presentó la factura de adquisición del vehículo, otro de los elementos patrimoniales bajo la lupa de las autoridades.