Los casos Purga y Ligados destaparon redes de corrupción y vínculos políticos que han dejado al Municipio de Quito bajo un intenso escrutinio público.
Los casos Purga y Ligados, investigados por la Fiscalía General de Ecuador, involucran contratos municipales y operadores políticos que entre 2019 y 2023 afectaron al Municipio de Quito.
Purga: un contrato millonario y la intervención judicial
El caso Purga surgió del proceso Metástasis. En 2022, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, a través de Ruth Solado, presentó una acción de protección contra la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop). La demanda, sorpresivamente interpuesta en Guayaquil, buscaba resolver un contrato por repavimentación en Quito, valorado en 30 millones de dólares.
La Fiscalía, encabezada por Diana Salazar, reveló que el fallo favorable al Cuerpo de Ingenieros tuvo como “pago” la remodelación de pisos de la Corte del Guayas, dirigida por Fabiola Gallardo. Los materiales fueron adquiridos por Mayra Salazar, sentenciada a 15 meses por el caso Metástasis, quien abandonó el país en marzo de 2025 por seguridad.
La administración Yunda y los contratos cuestionados
El contrato original entre el Municipio y el Cuerpo de Ingenieros data de 2019, cuando Jorge Yunda era alcalde. La Contraloría detectó irregularidades, como subcontratación a empresas vinculadas con allegados a Yunda, entre ellas Herdoíza Crespo y Geinco. En abril de 2022, la Epmmop finalizó unilateralmente el contrato, lo que generó la demanda posterior.
El político César Montúfar denunció la presunta triangulación de contratos para beneficiar a Geinco. Finalmente, la Corte Constitucional ordenó pagar 12 millones de dólares, una cifra menor a la inicialmente exigida, reducida tras comprobarse la acción judicial fraudulenta.
Ligados: operadores políticos en la Alcaldía
El caso Ligados evidenció la influencia política en la administración municipal. Según chats incautados por Fiscalía, Augusto Verduga, exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), gestionó empleos para Julián G., operador del correísmo.
Aunque Verduga buscó ubicarlo en la Prefectura de Pichincha, Julián G. terminó trabajando en el Municipio de Quito, donde fue asesor de 2019 a 2023 y luego capacitador. También ocupó un cargo de coordinador en el CPCCS. Fuentes del Municipio confirmaron su presencia, aunque desconocen si ingresó por influencias políticas.
Contexto político y repercusiones actuales
Las revelaciones sobre Purga y Ligados han encendido las alarmas en la administración capitalina. Concejales como Analía Ledesma señalan que ya hay investigaciones internas. Ledesma recordó que los pagos por el contrato de repavimentación fueron revisados y que no existían deudas pendientes, excepto los 12 millones autorizados por la Corte Constitucional.
Actualmente, concejales y autoridades municipales examinan si cargos como los ocupados por Julián G. respondieron a méritos o a recomendaciones políticas. Aunque no hay procesos judiciales en marcha contra funcionarios municipales por estos casos, las investigaciones siguen abiertas.
Impacto en la imagen institucional
Los casos han dejado daños a la imagen del Municipio de Quito. Aunque no se ha probado participación directa de autoridades locales, el impacto de contratos irregulares y la presencia de operadores políticos generan desconfianza ciudadana.
Organizaciones de transparencia recomiendan fortalecer los mecanismos de contratación pública y los filtros para nombramientos en cargos públicos. Además, la Fiscalía mantiene abiertas investigaciones derivadas de los chats recuperados en ambos casos (5).
