En un giro que refleja la complejidad del escenario político y económico ecuatoriano, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha decidido postergar su decisión sobre el apoyo financiero al país hasta después de las elecciones presidenciales del 13 de abril de 2025. Este anuncio no sólo deja a Ecuador en una situación de incertidumbre, sino que también expone las tensiones entre la agenda internacional y los intereses nacionales en un momento clave para el futuro del país.
El FMI, organismo que históricamente ha influido en las políticas económicas de naciones en desarrollo, se encuentra ahora en una posición de observador cauteloso. Su reticencia a avanzar con la segunda revisión del programa económico acordado con Ecuador evidencia una clara desconfianza hacia la continuidad del actual gobierno nacional, cuya gestión ha sido marcada por decisiones controvertidas y un creciente descontento social. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el FMI parece apostar por esperar a conocer al próximo presidente antes de comprometerse a nuevos desembolsos.
Deuda monumental con el FMI
Ecuador está inmerso en un acuerdo con el FMI bajo el programa de Servicio Ampliado (SAF), firmado en abril de 2024. Este pacto contempla un préstamo de USD 4.000 millones, distribuidos en varios tramos hasta el primer trimestre de 2028. Hasta ahora, el país ha recibido USD 1.500 millones. Pero el siguiente desembolso, programado para marzo de 2025 y valorado en USD 417 millones, queda en suspenso debido a la decisión del FMI de posponer la segunda revisión del programa.
Esta revisión evaluará el cumplimiento de las metas económicas establecidas hasta diciembre de 2024. Sin embargo, el FMI ha dejado claro que no emitirá un veredicto hasta después de las elecciones. Esto pone en pausa no solo los recursos financieros, sino también la confianza de los mercados internacionales en la economía ecuatoriana.
Para muchos analistas, esta decisión del FMI no es casual. El organismo internacional sabe que las elecciones enfrentan dos visiones opuestas. Por un lado, Luisa González, representante de la Revolución Ciudadana y defensora de un modelo económico más estatal. Y por otro, el actual régimen, quien ha abrazado un enfoque neoliberal alineado con las exigencias del FMI. Sin embargo, la gestión del presidente ha sido cuestionada por su incapacidad para resolver los problemas estructurales del país. Entre esas por la informalidad laboral, la precarización de los servicios públicos y el aumento de la pobreza.
Las críticas al ajuste fiscal: Un costo social demasiado alto
Las políticas impulsadas bajo el paraguas del FMI han generado fuertes críticas tanto dentro como fuera de Ecuador. Economistas y organizaciones sociales han denunciado que el énfasis en el ajuste fiscal —caracterizado por aumentos de impuestos, recortes en la inversión pública y reducción del gasto corriente— ha profundizado la desigualdad y exacerbado las dificultades de los sectores más vulnerables.
El ajuste fiscal, lejos de generar estabilidad, ha alimentado el descontento social. Protestas masivas, huelgas y movilizaciones lideradas por trabajadores, indígenas y otros sectores marginados han marcado el último año. Estas manifestaciones no solo reflejan el rechazo a las medidas económicas, sino también la falta de diálogo y empatía por parte del gobierno actual.
Si bien el FMI ha declarado su intención de seguir apoyando los objetivos económicos de Ecuador “independientemente del resultado electoral”, la realidad muestra que el organismo tiene preferencias claras. La postura de espera adoptada por el FMI sugiere que duda de la capacidad del presidente para mantenerse en el poder, mientras que observa con atención la posibilidad de un cambio de rumbo liderado por González.
