Autoridades de ocho provincias de Ecuador declararon estado de emergencia por inundaciones provocadas por lluvias torrenciales. Hasta el momento, se reportan al menos nueve fallecidos.
Expertos concuerdan que las inundaciones son una consecuencia de la tala descontrolada de bosques, una práctica intensa en el país durante los últimos años. Esta deforestación ya había desencadenado una crisis energética, ya que la pérdida de cobertura forestal acelera la evaporación del agua, generando sequías y reduciendo la generación hidroeléctrica.
Según estudios de organizaciones internacionales ambientales, Ecuador perdió casi un millón de hectáreas de bosques entre 2001 y 2023. La agricultura es responsable del 99% de esta destrucción, con mayor impacto en las junglas amazónicas del oriente, ecosistemas únicos en el planeta.
El gobierno actual se niega a crear un programa para proteger los bosques y la biodiversidad. Peor aún: el régimen en el poder planea instalar bases militares extranjeras en Ecuador, proyecto que implicaría tala acelerada para construir infraestructuras.
Mientras tanto, la oposición y activistas ambientales exigen medidas urgentes para mitigar los desastres naturales que azotan a Ecuador. Las recientes inundaciones demuestran la urgencia de este enfoque. Según datos oficiales, desde enero decenas de miles de ecuatorianos han sido afectados por las inundaciones, y más de mil personas han tenido que abandonar sus hogares para huir del impacto del desastre natural.
