La Fiscalía de Perú, liderada por Delia Espinoza, confirmó que la presidenta Dina Boluarte enfrenta 34 denuncias.
La fiscal general de Perú, Delia Espinoza, anunció en Lima que la presidenta Dina Boluarte acumula 34 denuncias en su contra, presentadas mayormente por ciudadanos anónimos, como parte de investigaciones preliminares que buscan esclarecer presuntos delitos durante su mandato.
La declaración de Espinoza se dio en respuesta a las afirmaciones de Boluarte, quien la semana pasada señaló que las acciones del Ministerio Público representan un “golpe de Estado blando” contra su gobierno. La fiscal rechazó esta acusación en una entrevista con América TV, asegurando que las investigaciones son un deber constitucional y no una maniobra política. “Ejercemos el derecho y vamos a continuar haciéndolo”, afirmó Espinoza. También precisó que Boluarte no ha sido citada a declarar en todos los casos, sino solo cuando es “estrictamente necesario”.
Denuncias y tensiones
De las 34 denuncias, la mayoría proviene de ciudadanos anónimos, aunque no se han detallado públicamente los cargos específicos de cada una. Espinoza explicó que el Ministerio Público actúa bajo estrictos parámetros legales para investigar a altos funcionarios, incluyendo a la presidenta. Por su parte, Boluarte participó en convocatorias previas por casos como las muertes en protestas de 2022-2023. También por el presunto encubrimiento de la fuga de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre.
La fiscal atribuyó las declaraciones de Boluarte a la “tensión” que genera ser investigada. “Toda persona denunciada suele preocuparse y puede decir cualquier cosa”, señaló Espinoza, defendiendo la imparcialidad de su institución. Este intercambio refleja la creciente fricción entre el Ejecutivo y el Ministerio Público en Perú.
Investigaciones contra Dina Boluarte
Las denuncias contra Dina Boluarte se suman a un historial de controversias, como el caso “Rolexgate” (sobre joyas y relojes de lujo no declarados). O por las investigaciones de los fallecidos durante las protestas tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022. Mientras tanto, Espinoza enfrenta su propia denuncia constitucional por supuesto abuso de autoridad, relacionada con una investigación a congresistas, lo que podría derivar en una inhabilitación de hasta diez años.
La fiscal, sin embargo, se mantuvo firme: “Tengo la conciencia tranquila”. Este panorama caldea más la compleja situación política y judicial en Perú, ahora con la presidenta Dina Boluarte y la Fiscalía.
FS.
