El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, denunció este martes 29 de julio lo que calificó como el “secuestro” de 33 menores venezolanos en territorio estadounidense, quienes habrían sido separados de sus familias tras procesos de deportación. El canciller señaló directamente al diplomático estadounidense John McNamara, encargado de negocios en Colombia, como responsable directo de este hecho que, según el gobierno venezolano, viola normas internacionales y derechos fundamentales.

Acusaciones directas y exigencias diplomáticas el canciller

En una nota oficial difundida a través del canal de Telegram del Ministerio de Exteriores, el canciller Gil denunció que los menores permanecen en custodia de autoridades estadounidenses luego de que sus padres o familiares fueran deportados.

“El Gobierno de Estados Unidos mantiene secuestrados en su territorio a 33 niños y niñas venezolanas, separados de sus familias en abierta violación del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos y hasta de sus propias leyes”, expresó el diplomático en el comunicado.

Asimismo, exigió la “liberación inmediata y sin condiciones” de los menores, al tiempo que calificó la situación como una “práctica criminal, inhumana y forajida”. A juicio de Gil, el hecho es incompatible con los principios que, según dijo, “Estados Unidos dice defender”.

Señalamientos contra John McNamara

En su declaración, el canciller Yván Gil apuntó directamente al encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, a quien identificó como el “autor material de este crimen” y responsable de mantener lo que llamó “esta situación ilegal y profundamente inmoral”.

Aunque no se ofrecieron detalles precisos sobre el lugar de detención de los menores ni el proceso que condujo a su separación, Gil sostuvo que estos hechos “no son aislados” y que forman parte de una política migratoria sistemática que afecta principalmente a niños de nacionalidad venezolana.

Hasta el cierre de esta edición, Estados Unidos no ha emitido una respuesta oficial ante las acusaciones del Gobierno venezolano.

Contexto: migración, deportaciones y tensiones diplomáticas

El caso se presenta en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos, especialmente en lo relacionado con políticas migratorias y la situación de los ciudadanos venezolanos que cruzan por rutas irregulares hacia el norte del continente.

En los últimos años, miles de venezolanos han sido expulsados o deportados desde países de tránsito como Colombia y Panamá, o directamente desde Estados Unidos, como parte de operativos migratorios reforzados.

Diversas organizaciones internacionales han advertido sobre los riesgos de separación familiar en procesos de deportación acelerada, especialmente cuando no se siguen los debidos procedimientos de protección a menores de edad. Sin embargo, los casos específicos mencionados por Venezuela aún no han sido verificados de forma independiente.

Las palabras del canciller

La denuncia venezolana fue compartida en redes sociales por figuras del Gobierno y medios estatales. No se ha informado si Venezuela ha solicitado formalmente una intervención de organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Tampoco se conoce si ha sido presentada alguna nota diplomática directa al Departamento de Estado de EE. UU. o si existe un canal formal abierto para abordar este caso.

En tanto, activistas de derechos humanos y especialistas en migración han solicitado mayor claridad y transparencia sobre el paradero de los menores y los protocolos que se aplicaron al momento de la separación de sus familiares.

La denuncia del canciller venezolano Yván Gil sobre la presunta retención de 33 menores venezolanos en Estados Unidos aumenta las tensiones entre ambos países y plantea interrogantes sobre los protocolos migratorios y la protección internacional de la infancia en contextos de deportación.