El proceso para la designación del nuevo Fiscal General del Estado en Ecuador arrastra una seria advertencia: quienes debían vigilarlo denuncian que han sido excluidos. La veeduría ciudadana conformada legalmente para fiscalizar este procedimiento asegura que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no les ha permitido actuar, lo que podría generar consecuencias institucionales de fondo.
“Nos invitan a participar sin permitirnos participar”, resume Hugo Arteaga Vinueza, coordinador de la veeduría, durante entrevista con este medio de comunicación. Allí, él habla sobre las irregularidades detectadas y los intentos fallidos por acceder al proceso. Asegura que la falta de respuesta del CPCCS compromete los principios de legalidad y transparencia establecidos en la Constitución.
Algunos datos resaltados por la veeduría ciudadana
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La veeduría fue conformada oficialmente en abril de 2025, tras inscripciones iniciadas en noviembre de 2024.
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Son 254 veedores acreditados a nivel nacional.
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La veeduría ha enviado 13 oficios sin respuesta al Consejo de Participación.
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Solicitaron acceso al cronograma, reuniones técnicas y soporte logístico mínimo, sin respuesta.
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El proceso está en fase de revisión de postulaciones a la Comisión Ciudadana.
Veeduría marginada del proceso

Arteaga asegura que, aunque la veeduría fue legalmente instalada, nunca fueron convocados formalmente para ejercer su rol. “Nos enteramos de las fases del proceso por medios de comunicación”, afirmó. Esta omisión se agrava con la reforma al artículo 6 del reglamento interno, que en junio estableció que la veeduría recién podría actuar una vez conformada la Comisión Ciudadana, lo que contradice la lógica de su función, recalca.
“La veeduría debe estar antes, durante y después del proceso. Lo otro es decorativo”, reclama el coordinador. Además, denuncia que, pese a múltiples solicitudes, no se les ha otorgado espacios físicos, plataformas virtuales estables ni capacitaciones suficientes, lo que limita severamente el ejercicio real de control ciudadano.
Riesgos para la democracia
Arteaga es enfático: “Si no se permite a la veeduría intervenir, no hay garantía de transparencia, y eso fractura la democracia”. A su juicio, en un país azotado por la criminalidad, elegir con “opacidad” a quien actúa como acusador público en nombre del Estado, solo agudiza la desconfianza ciudadana.
El impacto de esta exclusión, advierte, va más allá del proceso actual: socava la legitimidad del Consejo y genera precedentes peligrosos para futuros concursos. “Los procesos sin control pueden derivar en nombramientos ilegítimos o manipulados”, señaló.
Consultado sobre el perfil que debe tener el nuevo Fiscal General, sostiene que debe reunir condiciones básicas e innegociables: honestidad, probidad, conocimiento penal, constitucional y del procedimiento, además de una vida pública intachable. “No se trata solo de cumplir requisitos formales, sino de garantizar legitimidad”, recalca.
La designación del Fiscal tomaría más tiempo de lo previsto
Otra preocupación de la veeduría es el plazo establecido para la designación de Fiscal. “También nos preocupan los tiempos que están pasando, porque supuestamente este proceso iba a demorar unos seis meses. Yo considero que va a demorar mucho más (…) Yo pienso que hasta fines del próximo año debe durar esto, porque es un proceso largo” destaca.
Por ahora la veeduría tiene previsto presentar un informe detallado sobre los inconvenientes detectados, y hacerlo público a través de los medios de comunicación y, si es necesario, iniciar una acción de protección. Sin embargo, este último recurso aún parecería lejano.
El proceso para la designación
El proceso de elección del Fiscal General del Estado en Ecuador está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y se realiza mediante un concurso público de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social, conforme lo establece la Constitución y el reglamento interno.
Este procedimiento busca garantizar que el titular del Ministerio Público —encargado de dirigir la investigación penal en el país— sea seleccionado con transparencia, probidad y legitimidad. La convocatoria incluye varias fases: inscripción de postulantes, verificación de requisitos, calificación de méritos, etapa de oposición (examen escrito), impugnación ciudadana y finalmente la designación del nuevo Fiscal General, quien ejercerá un mandato de seis años sin reelección inmediata.
La veeduría ciudadana es una herramienta democrática que fortalece el control desde la sociedad civil. Garantiza que los procesos públicos, como la designación del nuevo Fiscal General, sean transparentes, legítimos y vigilados por la ciudadanía organizada.