El nivel de hacinamiento en los centros penitenciarios del país hace que la descongestión de estos centros sea una tarea urgente y necesaria. Una sobrepoblación carcelaria de más de 10 mil personas es una cifra muy elevada.

Un diagnóstico elaborado el año pasado revela que la mayoría de los reclusos están sentenciados o enfrentan procesos por delitos relacionados con drogas, robos o asaltos. Un bajo porcentaje está por delitos sexuales o contra la vida.

El lento proceder de los sistemas carcelario y judicial hace que muchas personas que cumplieron su sentencia todavía permanezcan en los llamados centros de rehabilitación social, esperando a que se emitan las órdenes de libertad.

“Es necesario que el sistema de justicia agilice la revisión de procesos”.

El Ejecutivo dispuso la revisión de casos de personas que, una vez que cumplieron parte de la condena y si hay condiciones que lo ameriten, puedan salir bajo un sistema de prelibertad o libertad condicional. Hasta ahora no se conocen los avances.

Además, es necesario que se agilicen las investigaciones en los casos de prisión preventiva para que este recurso se administre con verdadero sentido de justicia.

Mantener las cárceles llenas no es solo un aumento de gastos para el Estado; implica un deterioro de la calidad de vida de quienes están en esos lugares y un riesgo para la seguridad.

Editorial de El Diario publicado este martes 16 de noviembre del 2021 en nuestra edición impresa.