La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 32 personas y 93 más figuran como investigadas por su relación con incendios forestales ocurridos en España desde el 1 de junio de 2025. Actualmente, existen 188 investigaciones abiertas, según datos difundidos este martes por el Ministerio del Interior.

Últimos detenidos por incendios

Entre los casos más recientes destaca el arresto de un adolescente de 17 años en Santiago de Compostela, acusado de provocar siete incendios en apenas diez días en la misma zona. La Fiscalía de Menores de A Coruña ordenó su internamiento en un Centro de Menores.

Asimismo, la Guardia Civil informó del arresto, el 9 de agosto, de un hombre de 48 años en Colmenar Viejo (Madrid), acusado de provocar intencionadamente un fuego forestal registrado el pasado 21 de julio. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

Galicia y Castilla y León, entre las más afectadas

En Galicia, una de las comunidades con mayor impacto por los incendios, las autoridades confirmaron la detención de al menos tres personas y la investigación de otras 22 hasta el viernes pasado. Entre los casos figura un pirómano acusado de provocar el incendio en Oímbra (Ourense), quien fue ingresado en prisión provisional sin fianza.

En Castilla y León, la provincia de Zamora registró la detención de un hombre acusado de un delito de incendio por imprudencia relacionado con el fuego en Puercas de Aliste, de Índice de Gravedad Potencial 2, que arrasó más de 4.000 hectáreas. Según la Guardia Civil, el incendio se originó por un depósito irregular de residuos y vidrios, que actuaron como “efecto lupa” bajo las condiciones meteorológicas extremas.

En Ávila, otro hombre, empleado en tareas de extinción, fue detenido como presunto responsable del fuego en Cuevas del Valle, que superó las 2.000 hectáreas afectadas. La hipótesis apunta a posibles intereses laborales como motivación.

Dimensión del problema

El Ministerio del Interior enfatizó que “prender fuego no queda impune” y recordó que cada detención responde a una investigación específica. Los datos confirman que solo en las últimas semanas el número de detenidos y procesados continúa en aumento, con casos que incluyen tanto intencionalidad como negligencias graves.

Actualmente, las fuerzas de seguridad mantienen 188 investigaciones activas en diferentes comunidades autónomas, reflejando la magnitud de un problema que cada verano impacta a miles de hectáreas de bosques y pone en riesgo a poblaciones cercanas.

Marco legal y sanciones

El Código Penal español establece sanciones severas para los responsables de incendios forestales. Cuando el fuego pone en peligro la vida o la integridad de las personas, la pena oscila entre 10 y 20 años de prisión, además de multas de 12 a 24 meses.

En los casos donde no exista riesgo directo para la población, la pena es de 1 a 5 años de cárcel y multas de 12 a 18 meses. Si el incendio alcanza una “especial gravedad”, ya sea por afectar a grandes superficies, alterar la fauna y flora o dañar espacios naturales protegidos, la sanción se eleva a entre 3 y 6 años de prisión y multas de hasta 24 meses.

Incendios afecta zonas rurales

España enfrenta cada año una temporada crítica de incendios forestales, agravada por olas de calor, sequías prolongadas y negligencias humanas. En este contexto, las autoridades han intensificado los operativos de vigilancia y han reforzado la presencia de brigadas y cuerpos de seguridad en las zonas rurales más expuestas.

La preocupación se centra en el daño medioambiental y en los graves efectos económicos y sociales que generan los incendios, tanto en el sector agrícola como en el turístico. El caso de Zamora, con más de 4.000 hectáreas arrasadas, refleja el alcance devastador de estos siniestros.

Conclusión

Con 32 detenidos, 93 investigados y 188 causas abiertas, el Ministerio del Interior subraya que la lucha contra los incendios forestales no solo implica prevención y extinción, sino también la persecución judicial de los responsables. Las investigaciones en marcha en Galicia, Castilla y León, Madrid y otras regiones muestran que la acción policial y judicial es clave para frenar una problemática que cada verano amenaza la seguridad de la población y el medioambiente en España.