La Fiscalía General del Estado logró una sentencia de nueve años y cuatro meses de pena privativa de libertad contra Jordy A., hallado culpable de abusar sexualmente de su sobrina política. La menor tenía 10 años y el hecho ocurrió en 2016 en la parroquia Yaruquíes, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. El Tribunal ordenó el pago de 5,000 dólares como reparación integral a favor de la víctima.

El delito tuvo lugar en un terreno donde la niña, acompañada de su tía y el ahora sentenciado, cuidaba pollos. La menor había acompañado a Jordy A. a un bosque cercano para cortar eucalipto. Fue en ese momento que el hombre perpetró el abuso sexual. La víctima guardó silencio durante tres años, hasta que en 2019 decidió relatar lo sucedido. Fueron las autoridades de su institución educativa quienes de inmediato presentaron la denuncia ante la Fiscalía.

Durante la audiencia de juzgamiento, el Fiscal de la Unidad de Violencia de Género N. 2 presentó pruebas contundentes. Allí se incluyó el testimonio anticipado de la menor. Ella narró los hechos e identificó a su agresor.  Este relato fue respaldado por pericias psicológicas y médicas realizadas por expertos. Allí se aplicó el Protocolo de Investigación de Delitos de Violencia Sexual.

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Testimonios en la audiencia

Los testimonios de los profesionales corroboraron la veracidad de la denuncia, consolidando el caso. La sentencia se fundamentó en el artículo 170, numeral 1, inciso 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Allí se tipifica el abuso sexual, y se aplicó la circunstancia agravante del artículo 48, numeral 9.

En este caso, la relación familiar entre el condenado y la menor fue determinante. La Fiscalía destacó la importancia de la denuncia oportuna y el rol de las instituciones educativas en la protección de los derechos de los menores. Este caso pone en evidencia la necesidad de seguir fortaleciendo los mecanismos de prevención y atención a las víctimas de violencia sexual en el país.

Con esta resolución, no solo se busca sancionar al responsable. La Fiscalía envía un mensaje claro de justicia y reparación para las víctimas de este tipo de delitos. La menor, hoy adolescente, contará con el respaldo económico ordenado por el Tribunal. Todo aquello es parte de su proceso de recuperación.