El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) llevó a cabo este jueves 1 de mayo del 2025 la audiencia oral única de prueba y alegatos por una queja presentada contra el presidente Daniel Noboa. El mandatario fue acusado de cometer una infracción electoral grave durante la campaña presidencial de 2025. La denuncia, impulsada por dirigentes de Unidad Popular y el Partido Social Cristiano (PSC), señala que Noboa participó en actividades electorales sin solicitar licencia de su cargo. De esta forma incumplió el Código de la Democracia. Mientras Noboa, en gira internacional, estuvo representado por sus abogados, el juez Joaquín Viteri declaró el abandono del PSC por la inasistencia de su presidente, Alfredo Serrano.

La audiencia se centró en los hechos ocurridos el 5 de enero de 2025, cuando Daniel Noboa, desde el balcón del Palacio de Carondelet en Quito, se dirigió a simpatizantes en el inicio de la campaña para la primera vuelta electoral. Según la denuncia presentada por Geovanni Atarihuana, director de Unidad Popular, y Jorge Escala, excandidato presidencial, el mandatario indujo al voto a favor de su candidatura y la de sus asambleístas. Allí pronunció frases como: “En cinco semanas venceremos y para eso necesitamos el apoyo de todos ustedes. Una Asamblea que apoye y no dé trabas a los proyectos del Ejecutivo”. Estas declaraciones, respaldadas por notas de prensa presentadas como prueba, son consideradas por los denunciantes como una violación del artículo 278 del Código de la Democracia.

Daniel Noboa no solicitó licencia

Luis Cueva, abogado de Atarihuana, argumentó en la audiencia que las acciones de Noboa constituyen una infracción electoral grave. Esto, debido a que el presidente no solicitó la licencia obligatoria para funcionarios que buscan la reelección. Durante la campaña, Daniel Noboa delegó temporalmente sus funciones a Cynthia Gellibert, designada por decreto como “vicepresidenta encargada” en reemplazo de la vicepresidenta Verónica Abad, con quien mantiene un conflicto político. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inconstitucional esta delegación, lo que refuerza los argumentos de los denunciantes.

Atrizhuana, presente en la audiencia, afirmó que el comportamiento de Noboa no se limitó al 5 de enero, sino que se extendió durante los tres meses de campaña, tanto en la primera como en la segunda vuelta. “Millones de ecuatorianos lo vimos. Esa actitud antidemocrática no puede ocultarse, y reclamamos justicia”, señaló el dirigente. Entre las pruebas aportadas se incluyeron notas periodísticas que documentan las intervenciones públicas del presidente, las cuales, según los denunciantes, buscaban influir en el voto.

Abogados de Noboa solicitaron el archivo del proceso

Por su parte, los abogados de Noboa solicitaron el archivo del proceso, argumentando que la denuncia carece de pruebas sólidas y sustento jurídico. Sostuvieron que no se ha demostrado que el mandatario indujera al voto y que su participación en la campaña no constituye una infracción. Esto, ya que su candidatura no era técnicamente una reelección, dado que fue elegido para completar el período de Guillermo Lasso (2021-2023). Este argumento fue reiterado previamente por el ministro de Gobierno, José De la Gasca, quien defendió la actuación del presidente durante la campaña.

El juez Viteri, tras escuchar los alegatos y revisar las pruebas, deberá determinar si Noboa incurrió en una infracción electoral grave. Así como establece el numeral 3 del artículo 278 del Código de la Democracia. De confirmarse la sanción, el presidente podría enfrentar multas de entre 11 y 20 salarios básicos unificados. Incluso, la destitución o la suspensión de derechos de participación política por un período de seis meses a dos años.

El caso se enmarca en un contexto de tensiones políticas tras las elecciones de 2025. Allí Noboa consolidó su victoria con el 55,6% de los votos. Las acusaciones de Unidad Popular y el PSC reflejan las fricciones entre el Ejecutivo y sectores de la oposición. Estas cuestionan la legitimidad de las acciones del presidente durante la campaña. La resolución del TCE, que se espera en las próximas semanas, será clave para definir las consecuencias legales y políticas de este proceso.