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La asambleísta Camila León presentó reformas al COIP y COGEP para fortalecer garantías constitucionales, proteger críticas públicas y agilizar procesos judiciales en Ecuador.
La sentencia, emitida el mismo 26 de noviembre de 2025, reconoce la vulneración de derechos constitucionales de la asambleísta de la Revolución Ciudadana.
Los jueces determinaron que no existían elementos suficientes para justificar la restricción y que se vulneró el derecho constitucional a la asociación.
La Comisión de Garantías Constitucionales aprobó fiscalizar las elecciones de la Junta del Artesano y el caso Fortunario, abordando vulneraciones que afectan a miles de ecuatorianos.
El experto en derecho administrativo y constitucional, habla de la relevancia y riesgos que tiene la Ley de Inteligencia y la Ley de Solidaridad en el contexto de violencia criminal que vive el país.
