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Esta medida se adoptó tras el pedido de una de las procesadas, Nicole Bonifaz, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
La Asamblea Nacional activó una fiscalización al concurso para fiscal general en el CPCCS, decisión aprobada en comisión y acompañada de un fuerte altercado político.
El CAL resolvió inadmitir la solicitud presentada por Luis Molina al detectar supuestas fallas en firmas electrónicas y el incumplimiento de requisitos constitucionales y legales.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social activó el proceso para designar al nuevo Fiscal General del Estado tras conformar, mediante sorteo público, la Comisión Ciudadana de Selección que dirigirá el concurso.
Después de seis meses de trámites, el CPCCS activa el proceso para elegir al nuevo fiscal general del Estado mediante una comisión ciudadana que deberá completar el concurso en un plazo máximo de cuatro meses.
Ambas bancadas exigen la renuncia de Mario Godoy, motivada por alertas de interferencia judicial que comprometen la independencia del sistema de justicia ecuatoriano.
