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La Corte Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Integridad Pública tras la demanda de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse).
La nueva ley propone cambios en la jubilación, cooperativas de ahorro y crédito, contratación pública y deportación, con un reglamento que genera debate en Ecuador.
La Asamblea aprobó una ley clave que permitiría a ciertas cooperativas de ahorro y crédito transformarse en bancos tras análisis técnicos.
