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Según el fiscal, Sebastián Barreiro controlaba las contrataciones en la Vicepresidencia y demandó a un excoordinador entregar USD 1.700 mensuales de su salario de USD 3.200.
La audiencia de juicio en el caso Nene se reinstaló el 18 de enero de 2026 en Quito. Fiscalía presentó prueba testimonial y solicitó sentencia contra Francisco Sebastián Barreiro Abad por presunta oferta de tráfico de influencias. El Tribunal suspendió la diligencia y entró en deliberación.
La renuncia de Wilson Toainga abrió paso al fiscal Carlos Leonardo Alarcón, funcionario con trayectoria en casos sensibles y designado subrogante por la Judicatura este 2025.
El artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que la oferta para realizar tráfico de influencias se sanciona con penas que van de tres a cinco años de prisión.
