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Esta medida se adoptó tras el pedido de una de las procesadas, Nicole Bonifaz, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Los acusados enfrentan cargos de asociación ilícita por la presunta planificación de una estrategia para controlar instituciones estatales y beneficiar al movimiento de la Revolución Ciudadana.
Los involucrados son la exasambleísta Esther Cuesta, el secretario de Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, y Raúl González Carrión, exdesignado de la Superintendencia de Bancos.
Augusto Verduga, a través de su cuenta en X, negó haber grabado u ordenado grabar las conversaciones, asegurando que no vulneró la privacidad de nadie.
En una entrevista en el programa Primera Plana, González rechazó las acusaciones de cobro de diezmos, y reiteró que no reconoce a Daniel Noboa como presidente electo.
Yadira Saltos, exconsejera del CPCCS, aclara que justificó su inasistencia por motivos médicos y cumplió con presentaciones periódicas.
