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Durante la rueda de prensa, Andrés Quishpe denunció el impacto de las medidas económicas en los docentes y las familias.
Al expresidente de la Conaie se le acusa no entregar el informe detallado de los fondos invertidos en la campaña que impulsó la paralización indefinida de la explotación petrolera en el bloque 43.
El movimiento educativo reiteró que sus acciones buscan defender el derecho a la educación pública, el acceso a la canasta básica y la estabilidad de los hogares ecuatorianos, golpeados por el incremento del diésel.
La Unión Nacional de Educadores convocó a una movilización nacional para exigir la revisión de la Ley de Integridad Pública y proteger derechos.
La Ley Orgánica de Integridad Pública incluye evaluaciones para todos los funcionarios públicos.
