A dos semanas de la culminación de la Segunda Vuelta electoral 2025 en Ecuador, una notoria inacción por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha generado controversia. A pesar de que se emitieron 929 boletas de notificación a ciudadanos en todo el país por la presunta acción de fotografiar su voto, las delegaciones provinciales del CNE no han formalizado ninguna denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Esta falta de acción levanta interrogantes sobre la solidez de las posibles acusaciones y la viabilidad de un proceso sancionatorio. La toma de fotos al voto, un tema sensible en procesos democráticos, aún no tiene un rumbo judicial claro.

La provincia de Pichincha concentra la mayor cantidad de boletas entregadas, alcanzando la cifra de 217, informa el canal Ecuavisa. Sin embargo, al consultar al departamento de comunicación de la delegación del CNE Pichincha sobre el cronograma o la certeza de la presentación de estas denuncias, no se obtuvo respuesta alguna, señala el medio. Este silencio alimenta la especulación sobre los motivos detrás de la ausencia de acciones legales. La ciudadanía se pregunta si realmente existen elementos probatorios suficientes para sustentar las acusaciones de fotografías al voto.

Dudas legales crecen ante la falta de pruebas concretas del CNE

Incluso en el escenario de que las denuncias se presenten ante el TCE, abogados en materia electoral vislumbran un panorama complejo para alcanzar sentencias condenatorias. La principal dificultad radica en la escasez de pruebas contundentes que demuestren de manera fehaciente la comisión de la infracción electoral de fotografiar el voto. La mera posesión de una boleta de notificación no constituye, por sí sola, una prueba irrefutable de la culpabilidad del ciudadano.

La abogada Mónica Jaramillo enfatiza que al formalizar una denuncia ante el TCE, es indispensable anunciar las pruebas que se utilizarán para sustentar la acusación de fotografía al voto. Es en este punto donde los casos comienzan a debilitarse, ya que la boleta de notificación carece del peso probatorio necesario. Jaramillo subraya que para demostrar la culpabilidad, se requerirían testimonios de diversas figuras presentes en las juntas receptoras del voto.

Complejidad logística y derechos en juego complican el proceso

«Tendrían que mover a todo un personal para decir que tal señor o señora sí tomó una foto al voto», explicó Jaramillo al canal Ecuavisa, evidenciando la considerable logística que implicaría recabar los testimonios necesarios para cada una de las 929 notificaciones por fotografía al voto. La abogada considera improbable que las delegaciones del CNE presenten denuncias en todos los casos, inclinándose a creer que se enfocarán en aquellos que consideren más graves o evidentes, como el caso de la ciudadana que destruyó su boleta de notificación.

Por su parte, el abogado Washington Andrade advierte sobre la inviabilidad de presentar fotografías o vídeos obtenidos al momento del sufragio. El jurista argumentó a Ecuavisa que estas constituirían «una prueba contaminada«, al obtenerse mediante la vulneración de derechos fundamentales como el del voto secreto. Andrade ha ofrecido asesoría legal gratuita a quienes recibieron la boleta de notificación, y los ciudadanos le han relatado situaciones como la retención de sus teléfonos y la exigencia de mostrar las supuestas fotografías del voto, acciones que también vulneran sus derechos.

En el hipotético caso de que alguna denuncia por fotografía al voto prospere y alcance una sentencia, esta sería de primera instancia. La parte afectada tendría la posibilidad de apelar dicha resolución ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Esto abriría un nuevo capítulo en este controvertido tema postelectoral sobre la fotografía del voto.