La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) trabaja en un informe para identificar cooperativas que se convertirán en bancos privados, tras la aprobación de la Ley de Integridad Pública el 24 de junio de 2025 en Ecuador, con el objetivo de proteger ahorros y garantizar la estabilidad financiera, aunque enfrenta oposición de gremios y retrasos en la conformación de la Junta regulatoria.

El 24 de junio de 2025, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Integridad Pública, que permite la transformación de ciertas cooperativas de ahorro y crédito en bancos privados. La disposición transitoria décima primera de la ley establece que la nueva Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria deberá emitir regulaciones en un plazo de tres meses para identificar cooperativas con alto riesgo sistémico e interconexión financiera. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) tiene un mes desde la conformación de la Junta para entregar un informe técnico que detalle qué cooperativas cumplen estos criterios.

Freddy Monge, intendente general técnico de la SEPS, confirmó el 30 de julio de 2025 en una entrevista con PRIMICIAS que la entidad ya trabaja en el informe, analizando experiencias internacionales y realizando estudios técnicos. “Estamos evaluando cooperativas con mayor interconexión y riesgo sistémico, aquellas cuyo deterioro podría afectar al sistema financiero”, explicó. Sin embargo, el proceso enfrenta retrasos porque el Ejecutivo no ha enviado a la Asamblea Nacional la terna para conformar la Junta, cuyo plazo venció el 26 de julio de 2025, según el constitucionalista André Benavides.

Gremios de cooperativas han presentado una acción constitucional para frenar la medida, argumentando que no es necesaria. Monge, en su declaración personal, expresó que la transformación no aborda los problemas reales de las cooperativas y abogó por consultar a los socios, quienes son propietarios y usuarios de estas entidades.

Retrasos en la conformación de la Junta para la Ley de Integridad

La falta de la terna para la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, a cargo del Banco Central de Ecuador (BCE), ha generado incertidumbre. La ley establecía que el Ejecutivo debía presentar la terna en 30 días tras la publicación de la Ley de Integridad Pública en el Registro Oficial, el 26 de junio de 2025. Hasta el 1 de agosto de 2025, este paso no se ha cumplido, lo que podría retrasar la identificación de las cooperativas hasta después de diciembre de 2025, fecha estimada para conocer las entidades afectadas.

Monge aclaró que la SEPS no definirá los pasos legales para la transformación, sino que esta responsabilidad recaerá en la Junta una vez conformada. La SEPS se centra en elaborar un informe técnico-jurídico basado en el análisis de riesgo sistémico, que identifica a cooperativas grandes cuyo colapso podría impactar al sistema financiero.

Diferencias entre cooperativas y bancos

Las cooperativas de ahorro y crédito, con 6.2 millones de socios en Ecuador, operan sin fines de lucro, priorizando el bienestar colectivo. Cada socio tiene un voto, independientemente de su aporte. Por contraste, los bancos privados buscan generar utilidades, y las decisiones dependen de las acciones de los accionistas. Según Monge, el 60% del crédito cooperativo se destina a sectores rurales, dinamizando economías locales.

La transformación plantea desafíos, ya que las cooperativas tendrían que adoptar un modelo de gobernanza basado en accionistas, lo que podría alterar su esencia. Los gremios temen que los cambios afecten a los socios y han solicitado mayor claridad sobre el proceso.

Propuestas alternativas de la SEPS

En lugar de transformar cooperativas en bancos, Monge propone fortalecer la gobernanza mediante capacitación a socios, gerentes y consejos de administración. También sugiere adoptar normas de Basilea para minimizar riesgos crediticios y mejorar la supervisión tecnológica con herramientas como inteligencia artificial y machine learning. “Hemos actualizado nuestro manual de supervisión basado en riesgos para alertar rápidamente sobre posibles deterioros”, afirmó.

La SEPS supervisa 645 cooperativas en Ecuador, que manejan activos por $12,500 millones, según datos de 2024. La Ley de Integridad Pública busca proteger los ahorros de los socios, pero la oposición de los gremios y los retrasos administrativos podrían complicar su implementación.

Contexto del sector cooperativo

El sector cooperativo en Ecuador ha crecido significativamente, representando el 10% del sistema financiero nacional. Sin embargo, casos de mala gestión han generado preocupación sobre su estabilidad. La Ley de Integridad Pública responde a la necesidad de fortalecer el control de entidades con alto impacto financiero, pero la resistencia de los gremios refleja el desafío de equilibrar regulación y autonomía.