Javier B. fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de prisión por el robo de cable de telefonía multipar, un bien público perteneciente a una empresa estatal. El hecho ocurrió la madrugada del 7 de enero de 2025, en Santo Domingo de los Tsáchilas, y el procesado admitió su responsabilidad mediante procedimiento abreviado.
Robo en flagrancia durante control policial
Durante un patrullaje de rutina en la avenida Quevedo, agentes de la Policía Nacional sorprendieron a Javier B. mientras sustraía cableado desde un pozo de telecomunicaciones. Al percatarse de la presencia policial, el implicado intentó huir, pero fue interceptado a pocos metros. Los uniformados constataron que se trataba de cable telefónico multipar, propiedad de una empresa pública. El sujeto fue aprehendido en situación de flagrancia y trasladado inmediatamente a una unidad de detención.
La intervención evitó un daño mayor, pues el corte comprometía 110 metros lineales de conectividad, según reportes oficiales de la entidad perjudicada.
Evidencias sólidas y sentencia judicial
Durante la audiencia, la Fiscalía de Patrimonio Ciudadano presentó pruebas determinantes: versiones de los agentes aprehensores, testimonio de un funcionario de la empresa afectada, reconocimiento del lugar del hecho y avalúo técnico del material sustraído.
El informe pericial estableció que el robo causó un perjuicio económico directo a la infraestructura pública. Además, el funcionario explicó que el corte del cable afectó la conectividad de usuarios en la zona. Se interrumpieron servicios de comunicación esenciales.
>Javier B. se acogió al procedimiento abreviado, figura legal prevista en el artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), lo que permitió una reducción de la pena original contemplada en el artículo 189. El juez lo declaró autor directo del delito y dictó prisión de cuatro años y ocho meses de cárcel. Además deberá pagar una multa de 611 dólares y una reparación integral de 2.000 dólares.
Contexto legal y antecedentes similares
El artículo 189 del COIP establece penas de siete a diez años de prisión por el robo de bienes públicos. Esto, por considerarse un delito contra el patrimonio del Estado. Sin embargo, en casos donde se aplica el procedimiento abreviado, se permite reducir la sanción si el acusado admite su responsabilidad.
Este caso se suma a una serie de robos de infraestructura pública registrados en Ecuador durante el último año. La afectación de servicios públicos, en especial de telecomunicaciones, representa un problema creciente para la seguridad ciudadana y el desarrollo de las comunidades. Las autoridades reiteran que estos delitos no solo impactan económicamente, sino que comprometen el acceso a derechos básicos como la comunicación y la seguridad (31).
