A un hombre identificado con las iniciales C.J. lo condenaron a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual contra una niña de 12 años en Quito. La sentencia la emitió un Tribunal de Garantías Penales tras el proceso judicial basado en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado . Según la investigación, el sentenciado ofreció llevar a la menor a la casa de una amiga. No obstante, en el trayecto la trasladó a un hostal donde cometió el abuso sexual.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía , incluyendo testimonios y evidencia forense, fueron determinantes para la condena. El Tribunal también ordenó el pago de 5 mil dólares como reparación integral a la víctima y una multa de 276 mil dólares, equivalente a 600 salarios básicos unificados. El caso, que conmocionó a la comunidad, se denunció tras la intervención de familiares de la menor, quienes alertaron a las autoridades.
La Fiscalía destacó que la rápida acción de los agentes permitió recolectar pruebas clave para sustentar la acusación. El sentenciado permanecerá en una cárcel, mientras se garantiza la protección de la víctima, cuya identidad se mantiene reservada conforme a la ley. Las autoridades judiciales subrayaron que este tipo de sentencias busca reforzar la lucha contra la violencia sexual en el país, especialmente en casos que involucran a menores de edad.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas severas para delitos de violación, con agravantes cuando las víctimas son menores, lo que explica la magnitud de la condena impuesta. La máxima sentencia podría llegar a los 25 años. La violencia sexual contra menores es un problema persistente en Ecuador, donde las autoridades han intensificado esfuerzos para garantizar justicia y protección a las víctimas.
Según datos de la Fiscalía, en 2024 se registraron más de 2 mil denuncias por delitos sexuales contra menores en el país. Aquello ha llevado a la implementación de políticas más estrictas y campañas de prevención. Organizaciones de derechos humanos han destacado la importancia de agilizar los procesos judiciales y brindar apoyo integral a las víctimas.
Este caso refuerza la necesidad de continuar con programas de educación y sensibilización para prevenir más casos de abuso sexual y proteger a los sectores más vulnerables. La sentencia emitida en Quito es un paso hacia la justicia, pero también un recordatorio de los desafíos pendientes en la erradicación de la violencia sexual en el país.
