El 11 de septiembre de 2025, en Archidona, provincia de Napo, el Tribunal de Garantías Penales condenó a Diego Javier Ch. Ch., de 38 años, a 19 años de prisión por violación contra una adolescente de 14 años, tras la presentación de pruebas contundentes por parte de la Fiscalía.
El proceso judicial en Napo
La investigación inició en diciembre de 2022, cuando la víctima relató a su madre los abusos sufridos por parte del hombre que alquilaba un cuarto en su vivienda. La denuncia permitió a la Fiscalía iniciar un proceso que se extendió durante más de dos años.
Durante la audiencia de juzgamiento, el Ministerio Público presentó pruebas médicas, psicológicas y testimoniales que confirmaron la comisión del delito. El informe ginecológico de febrero de 2023 resultó clave, pues reveló huellas físicas de la agresión.
La adolescente rindió testimonio anticipado, donde identificó a su agresor y narró las circunstancias de las dos agresiones ocurridas en diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Pruebas y testimonios que fueron decisivos
El tribunal escuchó cómo el hombre, en estado de embriaguez, aprovechó la ausencia de los padres de la víctima para someterla. Tras el abuso, le ofreció dinero para guardar silencio, propuesta que la menor rechazó. En la segunda agresión, además del dinero, la intimidó con amenazas de muerte contra sus hermanos menores.
La pericia psicológica concluyó que la víctima desarrolló estrés postraumático y lesiones emocionales duraderas. A ello se sumó un análisis social con enfoque intercultural, que evidenció el grado de vulnerabilidad de la adolescente, encargada del cuidado de sus hermanos en ausencia de los padres.
Los jueces consideraron que el cúmulo de pruebas no dejó espacio a dudas sobre la responsabilidad del acusado, imponiéndole una de las penas más severas contempladas en la legislación ecuatoriana para este tipo de delitos.
Condena y medidas de reparación
El Tribunal de Garantías Penales de Napo sentenció a Diego Javier Ch. Ch. a 19 años de privación de libertad. Además, ordenó el pago de 1.000 dólares como reparación integral destinados al tratamiento psicológico de la víctima.
La sentencia también estableció medidas de protección. Se dispuso la prohibición de acercamiento del condenado hacia la víctima o su familia, así como la emisión de una boleta de auxilio a favor de la adolescente.
El caso se procesó bajo el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona los delitos de violación con penas privativas de libertad de entre 19 y 22 años, dependiendo de agravantes.
Contexto de violencia sexual en Napo y el país
La provincia de Napo, al igual que otras zonas amazónicas, ha registrado un aumento sostenido en casos de violencia sexual contra menores.
A escala nacional, los delitos de violencia sexual representan una de las principales causas de procesos judiciales en contra de adultos. Organizaciones de derechos humanos señalan que la mayoría de las víctimas son adolescentes y que los agresores suelen ser personas cercanas al entorno familiar.
La sentencia en Archidona es considerada un precedente relevante para fortalecer la lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual. Autoridades judiciales y sociales remarcaron la importancia del acompañamiento a las víctimas y el acceso a medidas de protección efectivas (31).
