Una masacre vinculada a enfrentamientos entre bandas en Santo Domingo dejó nueve muertos, incluidos adultos y jóvenes, y tres menores rescatadas, actualmente bajo atención psicológica.
Entre la tarde y noche del viernes un grupo de doce personas fue secuestrado en la cooperativa Ernesto Che Guevara, en Santo Domingo de los Tsáchilas, resultando en nueve fallecidos y tres menores rescatadas.
La Policía Nacional investiga la presunta retaliación entre bandas criminales conocidas como Los R y Los Lobos, mientras que los sobrevivientes reciben atención psicológica especializada.
Secuestro y hallazgo de las víctimas
El secuestro ocurrió cuando doce personas, aprovechando el feriado, llegaron desde Quito a una vivienda en la cooperativa Che Guevara. Entre ellos se encontraban adultos y menores, quienes celebraban y consumían licor en compañía de música a alto volumen.
Al menos 20 hombres armados, en motocicletas, llegaron al lugar y sometieron a los presentes. Fueron obligados a ingresar a sus propios vehículos, un Corsa, un Aveo y un Tucson, y trasladados por distintas rutas hasta la parroquia Patricia Pilar de Buena Fe y el recinto Unión Ecuatoriana, donde fueron hallados sin vida.
El lunes, en el recinto Amazu, ocho cadáveres fueron encontrados por trabajadores agrícolas y posteriormente retirados por familiares hacia el sur de Quito para su velación y sepultura. Las víctimas presentaban fundas en la cabeza, manos maniatadas y disparos en la cabeza, indicativos de ejecución tras tortura.
Identificación de las víctimas y contexto familiar
Los fallecidos identificados en Patricia Pilar incluyen: Daniela Daniela Espinoza Cumbal (23), Mauro Julián Robalino Toscano (25), Edgar Bladimir Quiñones González (39), Anderson Josué Espinoza Cumbal (17), Karen Stefania Cumbal Cruz (34), Martha Jaqueline Cumbal Cruz (42), Jaqueline Marilin Cruz Cruz (61) y Luis Andrés Landeta Mancero (31).
En Unión Ecuatoriana se halló el cadáver de Oswaldo Vinicio Bonifaz Sinchi (42), quien permanecía maniatado y con signos de asfixia. Este cuerpo sigue en el centro forense de Santo Domingo, aún sin ser reclamado por familiares, hasta la tarde de este martes.
Los sobrevivientes fueron tres menores de 5, 12 y 14 años, hijos de dos de las víctimas. Tras ser liberadas por los secuestradores, fueron entregadas a la Dinapen y luego a familiares, recibiendo actualmente atención psicológica por el trauma sufrido.
Posible móvil: enfrentamiento entre bandas
La Policía presume que el crimen estaría vinculado a retaliaciones entre bandas delictivas: Los R, dominantes en la cooperativa Che Guevara, y Los Lobos, supuestamente asociados a las víctimas. La llegada de las personas desde Quito habría representado una amenaza territorial para Los R, motivando la ejecución.
Las víctimas tenían antecedentes judiciales relacionados con delitos de tráfico de drogas, estafa, asociación ilícita y delincuencia organizada, según el reporte policial. Entre ellos, Oswaldo Bonifaz Sinchi contaba con nueve procesos judiciales, y varios de los fallecidos estaban vinculados al expendio de sustancias sujetas a fiscalización.
El secuestro y homicidio de las doce personas se desarrolló desde la madrugada del sábado, con tortura y posterior ejecución entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, según la investigación preliminar.
Movilización y rutas delictivas
Tras el secuestro, los asesinos movilizaron a las víctimas por diferentes sectores: desde el redondel Orangine, vía al cantón El Carmen, recinto Nuevo Israel, Puerto Limón y finalmente Patricia Pilar, donde abandonaron ocho cuerpos. Este recorrido indica planificación y conocimiento territorial por parte de los responsables, además de control del territorio.
Los tres menores fueron liberados en el mismo sector. Lo que sugiere que los asesinos priorizaron eliminar a los adultos vinculados a bandas rivales mientras rescataban la "inocencia" de los niños como un código entre bandas que, al parecer, aún se respeta.
Se conoció extraoficialmente que las menores llegaron a manos de la Policía en un taxi.
Además, las autoridades aprehendieron momentáneamente a una mujer durante el operativo de rescate, pero posteriormente la liberaron mientras continúa la investigación sobre su participación.
Reacciones familiares y manejo de la información
Los familiares de las víctimas expresaron su dolor y consternación, evitando dar declaraciones a medios de comunicación. Algunos llegaron desde Quito para retirar los cuerpos y realizar los funerales, manifestando que prefieren dejar el caso en manos de la justicia y Dios.
La Policía Nacional mantiene presencia en la cooperativa Ernesto Che Guevara y sus alrededores, reforzando la vigilancia y recopilando información sobre posibles autores de la masacre.
Los deudos destacaron la dificultad de enfrentar esta tragedia, especialmente las familias de los menores sobrevivientes, quienes han quedado huérfanas de padre y madre.
Antecedentes penales y vínculos delictivos
Entre los fallecidos, algunos registraban historial delictivo:
Mauro Julián Robalino Toscano (25): detenido por tenencia de armas en 2024 y tráfico de drogas en 2025.
Edgar Bladimir Quiñones González (39): antecedentes por robo en 2014.
Martha Jaqueline Cumbal Cruz (42): condenas por tráfico de drogas en 2015, 2007 y 2025.
Jaqueline Marilyn Cruz Cruz (61): antecedentes por tráfico de drogas y delincuencia organizada desde 2003 hasta 2025.
Luis Andrés Landeta Mancero (30): detenido por tráfico de drogas en 2018, 2023 y 2025
Estos antecedentes refuerzan la hipótesis de un conflicto por control de territorio y mercado de drogas, vinculado a las bandas mencionadas.
Seguimiento policial
La Policía Nacional del Ecuador continúa con la investigación de la masacre, priorizando la identificación de todos los responsables y la desarticulación de las bandas implicadas. Los operativos incluyen verificación de vehículos, rastreo de armas, entrevistas a testigos y análisis de cámaras de seguridad.
El caso constituye uno de los eventos más graves en la historia reciente de Santo Domingo de los Tsáchilas, evidenciando los riesgos de la violencia entre bandas y el control territorial del narcotráfico en zonas urbanas y rurales (5).
