El exjuez Emerson Geovanny Curipallo fue condenado este 11 de diciembre en Santo Domingo por prevaricato, luego de admitir en audiencia abreviada su responsabilidad en medidas judiciales dictadas sin fundamento legal que afectaron a una entidad pública.
Nueva condena judicial en Santo Domingo
La reciente sentencia emitida contra el exjuez de la Unidad Judicial Penal mantiene la atención pública en Santo Domingo , donde se siguen procesos por actos vinculados al abuso de funciones. El fallo reafirma el patrón de decisiones ilegales detectado en causas anteriores y suma otro antecedente en su historial penal.
La audiencia se desarrolló en un procedimiento abreviado. El exjuez aceptó su responsabilidad como autor directo. El tribunal dictó una pena de veintidós meses de prisión. Además, ordenó el pago de una multa de entre diez y doce salarios básicos unificados.
El fallo incluye medidas de reparación integral. Se dispuso que el exjuez publique disculpas en un diario local y produzca un video con contenido reflexivo sobre el impacto del prevaricato.
Santo Domingo y las repercusiones institucionales
La sentencia también contempla reparación económica. El exjuez debe cancelar veinte salarios básicos a favor del Consejo de la Judicatura. Además, pagará 2.162 dólares por la pericia constitucional realizada durante la investigación.
El fiscal provincial de Santo Domingo , Juan Carlos Vivar, explicó la secuencia del caso. Indicó que los hechos se originaron en una sentencia constitucional declarada cumplida en agosto de 2021. Sin embargo, el entonces juez dictó nuevas medidas cautelares meses después, pese a que el expediente ya se encontraba en revisión por parte de la Corte Constitucional.
Según Fiscalía, las medidas dictadas sin competencia suspendieron actos administrativos y afectaron los derechos procesales de la Empresa Pública Municipal de Transporte de Santo Domingo.
Elementos de convicción y sustento técnico
La acusación se basó en documentos certificados. Entre ellos, constan autos resolutivos, informes de inspección, copias de la sentencia constitucional y una pericia especializada. Los elementos demostraron que el juez otorgó un beneficio procesal injustificado a una empresa privada dedicada al transporte en vehículos tipo taxi.
La Fiscalía destacó que la actuación judicial desnaturalizó la finalidad constitucional del proceso. Señaló que las resoluciones emitidas carecieron de fundamento y vulneraron competencias institucionales.
Testimonios de funcionarios y peritos reforzaron la tesis fiscal. La documentación recopilada mostró la secuencia de acciones irregulares y su impacto en la administración local.
Antecedentes penales del exjuez
El sentenciado acumula varias condenas previas. La primera, de cuarenta meses, corresponde al caso Metástasis, relacionado con delincuencia organizada y la liberación irregular de dos individuos vinculados a estructuras criminales.
Una segunda condena se dictó en julio de 2024. En esa ocasión, recibió treinta meses de prisión por prevaricato, tras ordenar la libertad de personas con sentencias firmes.
La tercera sentencia, emitida en junio de 2025, también lo declaró autor de prevaricato. Según la teoría fiscal, el exjuez desnaturalizó la finalidad del habeas corpus y permitió la liberación ilegal de sentenciados por diversos delitos.
Contexto legal y explicación técnica
El delito de prevaricato está tipificado en el artículo 268 del COIP. La pena oscila entre tres y cinco años. Sin embargo, el procedimiento abreviado permite una reducción significativa. Este recurso, aplicado en varios procesos recientes en Santo Domingo , acelera la resolución de causas con admisión de responsabilidad.
Especialistas señalan que estos casos evidencian la necesidad de fortalecer controles internos. Destacan que las sentencias buscan preservar la confianza en el sistema de justicia y proteger la institucionalidad (31).
