La Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (UNASE) ejecutó operativos simultáneos en Quevedo y Babahoyo, donde aprehendió a seis personas, entre ellas tres policías en servicio activo, por presuntos delitos de secuestro y extorsión, tras investigaciones que evidenciaron una estructura criminal organizada.
Detalles del secuestro
Las acciones policiales se desarrollaron en sectores de Quevedo y Babahoyo, como parte de una investigación que permitió identificar a una agrupación conocida como "Los Lobos de la Mafia", según información oficial.
De acuerdo con las autoridades, la organización se dedicaba a privaciones ilegales de libertad y extorsiones, empleando mecanismos de presión para exigir pagos de rescate a familiares de las víctimas.
Las diligencias incluyeron allanamientos, análisis de comunicaciones y seguimientos, lo que permitió ubicar a los integrantes y recabar indicios para sustentar las aprehensiones.
Modus operandi del secuestro y amenazas
Las investigaciones determinaron que la banda utilizaba llamadas telefónicas y aplicaciones digitales para contactar a las víctimas y coordinar exigencias económicas.
Además, la UNASE informó que los integrantes recurrieron a agresiones físicas y amenazas como parte de sus métodos de coerción, sin detallar actos específicos, en respeto a protocolos informativos.
Incluso, se registraron amenazas dirigidas a agentes investigadores, en un intento por obstaculizar las indagaciones que finalmente condujeron a las capturas.
Policías implicados en el secuestro y proceso interno
El elemento más sensible del caso es la presunta vinculación de tres servidores policiales en servicio activo con la estructura criminal.
Los uniformados fueron identificados como Agustín A., Karen A. y Oscar S., quienes, según las investigaciones, habrían colaborado con la organización.
La Policía Nacional reiteró que no tolerará actos de corrupción ni complicidad dentro de la institución y que activó procesos disciplinarios y judiciales paralelos.
Cargos y diligencias judiciales
Los seis aprehendidos enfrentarán procesos por secuestro y extorsión, delitos tipificados en la normativa penal ecuatoriana.
Tras las detenciones, las autoridades pusieron el procedimiento en conocimiento de Fiscalía, que continuará con la formulación de cargos y la sustentación del caso.
Las evidencias recopiladas incluyen dispositivos de comunicación, registros de llamadas y otros indicios que serán periciados durante la instrucción fiscal.
Contexto regional y acciones de control
Las provincias de Los Ríos registran operativos sostenidos contra estructuras dedicadas al secuestro y la extorsión, con énfasis en corredores urbanos y rurales.
La UNASE mantiene equipos especializados para investigación, negociación y rescate, y refuerza la coordinación interinstitucional para desarticular redes criminales.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a denunciar y a utilizar canales oficiales, como el ECU 911, para reportar hechos extorsivos.
Reacciones institucionales
Voceros policiales destacaron que la operación demuestra la capacidad investigativa de la UNASE y el compromiso de depuración interna.
La institución insistió en que los uniformados implicados responderán ante la justicia, sin privilegios, conforme al debido proceso.
El caso permanece en investigación, y no se descartan nuevas vinculaciones conforme avancen las diligencias (5).
