Once detenidos dejó una investigación de cuatro meses, realizada por la Brigada Anticriminal de la Policía, en coordinación con la Fiscalía. Esto permitió descubrir una red delictiva dedicada a sustraer mercancías importadas desde el puerto de Manta, en la provincia de Manabí, generando un perjuicio estimado en 100 mil dólares semanales.
El operativo se ejecutó tras una fase de vigilancia y seguimiento que permitió identificar el modus operandi de la organización. Según informó Santiago Lozada, jefe de la Brigada Anticriminal, el grupo alteraba los registros del sistema informático y las básculas de pesaje dentro del puerto para modificar los valores reales de las cargas importadas.
De esta forma, una parte del producto se registraba oficialmente y se entregaba a las empresas importadoras. Mientras que el excedente se desviaba hacia el mercado ilegal. Esto generaba una “economía ilícita” que operaba desde el interior del puerto.
Los productos sustraídos eran principalmente aceite y harina de trigo provenientes de Canadá. Las mercancías eran descargadas de los buques y transportadas en camiones. Lo cuales, en el trayecto hacia los destinos legales, sufrían modificaciones en sus pesos registrados, permitiendo el desvío parcial del contenido.
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El operativo se ejecutó de manera simultánea en Manabí y Guayas, con la aprehensión de once personas. “Los detenidos fueron ubicados dentro del puerto y en zonas externas, siguiendo órdenes judiciales”, informó Fabricio Silva, comandante de la Zona 4 de la Policía Nacional.
Las autoridades precisaron que ninguno de los aprehendidos registra antecedentes penales y que la investigación continúa abierta para determinar la responsabilidad individual y posible conexión con grupos delictivos organizados.
El caso es procesado por la Fiscalía, y con la Policía, recopilan información para ampliar la investigación. Se prevé que otras personas o empresas se vinculen conforme avancen las pericias.
De acuerdo con la Brigada Anticriminal, la red contaba con la colaboración de trabajadores portuarios, quienes tenían acceso a los sistemas internos de pesaje y registro. En estos puntos, se modificaban los datos de carga, generando documentos con pesos alterados que ocultaban la sustracción parcial de productos.
Lozada explicó que el proceso de fraude iniciaba desde la llegada de los buques con las cargas importadas. “Se cambiaban los datos en el sistema informático y en las básculas. Esto, con complicidad interna, y el producto sobrante se distribuía al menudeo en el mercado ilegal”, detalló.
Las autoridades estiman que la organización habría operado durante varios meses. Así se ha afectado a diversas empresas importadoras que confiaban en los registros del puerto sin advertir las alteraciones. “Las compañías no tenían conocimiento de los cambios y que estaban siendo perjudicadas”, añadió Lozada.
La Policía calculó un perjuicio económico aproximado de 100 mil dólares semanales, cifra que podría variar conforme se determinen los volúmenes reales de carga desviada. Este monto incluye las pérdidas directas de los productos sustraídos y el valor estimado de su comercialización en mercados ilegales.
Silva señaló que se trata de una asociación ilícita conformada por personas que “se reunían para delinquir, sustraerse mercadería importada y comercializarla fuera de los canales formales”. También indicó que la red trasladaba parte de los productos a otras provincias del país, ampliando el alcance del delito.
La Fiscalía continuará con la toma de versiones a transportistas, bodegueros y operadores logísticos para determinar la trazabilidad completa de las cargas y establecer si existen otros involucrados en la cadena delictiva. Silva también dijo que ubicaron dos bodegas en Manta, donde llevaban el producto robado. No específicó los lugares.
El puerto de Manta es uno de los principales puntos de ingreso de carga internacional del país. Opera bajo concesión privada. Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial del concesionario, debido a que el caso se mantiene bajo investigación previa.
Este tipo de delitos con calificados como asociación ilícita según el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Pueden implicar penas de tres a cinco años de prisión, dependiendo de la participación y los daños causados.
La Policía reafirmó que continuará con los operativos de control en puertos y zonas logísticas. Así se indicó se busca reforzar los mecanismos de seguridad informática y vigilancia interna del puerto. Esto, con el fin de prevenir nuevas actividades ilícitas que afecten la cadena de comercio exterior del país.
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