Un cabo primero del Ejército, identificado como Alex Marcelo A. G., fue procesado el 10 de septiembre en Chinchipe, Zamora Chinchipe, acusado de presuntamente violar a un conscripto de 18 años. La Fiscalía formuló cargos y la jueza dispuso prisión preventiva, tras confirmarse indicios médicos y testimoniales que sustentan la denuncia.
Fiscalía procesa a militar por presunta violación
Según la investigación, el hecho ocurrió en el Batallón de Selva N.º 17 Zumba. El conscripto relató que el militar le confiscó una cadena de valor sentimental, prohibida en el recinto, y luego lo habría chantajeado. Para recuperar la prenda, el joven debía mantener un encuentro sexual con su instructor.
El denunciante informó lo sucedido a un capitán del mismo batallón. El oficial reportó el caso a la Policía, lo que permitió la intervención inmediata de la Fiscalía y la realización de diligencias urgentes.
En audiencia, el fiscal de turno explicó que el cabo habría utilizado el chantaje como mecanismo para someter al conscripto. Como evidencia, se presentaron los testimonios del denunciante y de su superior, que coincidieron en la descripción de los hechos.
Prisión preventiva y medidas de protección
La jueza que conoció el caso ordenó prisión preventiva contra el procesado, además de medidas de protección a favor de la víctima. Entre ellas se incluyen la prohibición de acercamiento y de actos de intimidación.
El expediente judicial señala que la Fiscalía solicitó un examen médico-legal proctológico. El informe confirmó signos recientes de violencia compatibles con un acto sexual forzado, lo que refuerza la acusación.
El delito se tipifica como violación, de acuerdo con el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contempla penas privativas de libertad de 19 a 22 años.
Contexto de la denuncia en el ámbito militar
Este caso reaviva el debate sobre la protección de los derechos humanos en instituciones castrenses. Aunque los cuarteles están sujetos a disciplina estricta, no están exentos de hechos de violencia.
En Ecuador, la Fiscalía ha registrado en los últimos años denuncias de violencia sexual en distintos ámbitos, incluyendo centros educativos, instituciones de seguridad y recintos privados.
Organizaciones de derechos humanos han insistido en fortalecer protocolos internos en Fuerzas Armadas y Policía, para garantizar que los conscriptos y cadetes tengan canales seguros de denuncia. El caso en Chinchipe se convierte así en un precedente clave para exigir mecanismos de prevención y protección más efectivos.
El proceso judicial continuará en etapa de instrucción fiscal, mientras la defensa del imputado prepara su estrategia. La Fiscalía ha anunciado que solicitará todas las pruebas necesarias para garantizar justicia en este caso (31).
