En un golpe coordinado contra el ciberdelito, la Fiscalía General del Estado de Ecuador inició un proceso penal contra Abraham C., Rodrigo V. y Joseph A., por su presunta participación en la comercialización de pornografía infantil. Esto con utilización de niños, niñas y adolescentes (NNA). Un delito tipificado en el artículo 104 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que conlleva penas de entre 10 y 16 años de prisión.
El operativo, ejecutado la madrugada del 3 de diciembre de 2025 en las provincias de Pichincha, Sucumbíos y Guayas, surgió de una alerta emitida por la Policía de Colombia en abril de ese año, revelando una red que intercambiaba material de abuso sexual infantil (MASI) a través de plataformas de mensajería como WhatsApp.
Esta acción la respaldaron Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos y organizaciones como el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). Estos busca erradicar redes transnacionales que explotan a menores, en un contexto donde Ecuador registra un aumento alarmante en casos de violencia sexual infantil.
El caso de pornografía
El caso representa un avance significativo en la lucha contra la explotación infantil en línea, destacando la importancia de la cooperación internacional. Según declaraciones oficiales de la Fiscalía, la investigación duró ocho meses y recopiló elementos de convicción sólidos. En la investigación se incluyó reportes del NCMEC, pericias informáticas en dispositivos electrónicos y datos de proveedores de internet que trazaron las direcciones IP involucradas.
Los detenidos, capturados en allanamientos simultáneos, enfrentan prisión preventiva mientras se desarrolla la instrucción fiscal por 90 días. La Policía Nacional, a través de su Unidad de Ciberdelito, lideró la ejecución del operativo denominado "Gran Fénix 56", incautando 4 terminales móviles, 7 memorias USB, 1 CPU, 2 laptops, 1 disco duro y 1 SIM card, junto con más de 100 archivos conteniendo MASI. Estos indicios, ahora bajo cadena de custodia, serán clave para probar la comercialización y distribución del material ilícito.
Coordinación internacional: clave para desarticular la red
La alerta inicial provenía de autoridades colombianas, que detectaron intercambios en una red que operaba entre usuarios ecuatorianos. Esta información se compartió a través de canales internacionales, activando protocolos de colaboración con HSI. Además, participaron en operaciones globales como "Atenea" y "Cyber Shield II", que involucran a 12 países en la erradicación del ciberdelito infantil.
En Ecuador, la Fiscalía asumió la investigación en abril de 2025, empleando técnicas de vigilancia digital y análisis forense para identificar a los sospechosos. Durante la audiencia de formulación de cargo el fiscal presentó evidencias como informes de seguimiento y peritajes que confirmaron el intercambio de enlaces para descargar aplicaciones con contenido prohibido.
Este operativo se enmarca en una serie de acciones similares en Ecuador, donde la Policía ha intensificado sus esfuerzos contra el ciberdelito. Por ejemplo, en junio de 2025, se desmanteló una red en Guayaquil con incautaciones similares, y en 2023, una operación conjunta con Interpol resultó en detenciones por abuso sexualinfantil. (27)
