Ricky B., fue sentenciado a 22 años de cárcel como autor del delito de violación contra una adolescente de 12 años. El delito ocurrió en Manta, provincia de Manabí, Ecuador.
El Tribunal dictó la condena el 22 de enero de 2026 tras analizar pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, que demostraron el uso de engaños y amenazas para consumar la violación en un motel. Esto en un contexto de vulnerabilidad extrema de la víctima que convivía con el agresor en el mismo domicilio.
El engaño y la agresión
Los hechos investigados se produjeron cuando el sentenciado, hijo del conviviente de la madre de la víctima, invitó a la adolescente a comer fuera del hogar. Mediante engaños y amenazas, la llevó a un motel donde consumó la violación. Posteriormente, la amenazó para impedir que relatara lo sucedido, configurando agravantes previstos en el artículo 171 del Código Integral Penal (COIP).
La menor, en situación de alta vulnerabilidad, inicialmente confió el hecho a su madre, quien no le creyó. Fue su padre quien presentó la denuncia ante la Fiscalía, lo que activó las diligencias iniciales y permitió recopilar elementos de pruebas suficientes para formular cargos por violación contra el implicado.
Pruebas en el juicio
Durante la audiencia de juicio, la Fiscalía presentó un conjunto de evidencias. Los exámenes médico-legales confirmaron lesiones físicas compatibles con una agresión sexual. Las evaluaciones psicológicas acreditaron secuelas emocionales graves y permanentes en la víctima.
La pericia de entorno social reveló que la adolescente vivía en condiciones de vulnerabilidad extrema, con acoso constante en su núcleo familiar y entorno inmediato. Estos elementos reforzaron la agravante por la minoría de edad y la imposibilidad de resistencia efectiva.
Testimonio anticipado
Uno de los pilares del caso fue la reproducción del testimonio anticipado de la víctima, practicado conforme a protocolos de protección a menores. En él, la adolescente detalló con precisión la secuencia de los hechos: la invitación, el traslado al motel, la consumación del delito y las amenazas posteriores.
Este relato coincidió plenamente con los demás testimonios periféricos, los resultados periciales y el informe médico-legal, lo que permitió al Tribunal valorar la credibilidad y coherencia de la prueba. La Fiscalía solicitó y obtuvo la pena máxima legal, aplicada por el uso de intimidación y las secuelas demostradas.
Entorno de vulnerabilidad
El caso destaca por ocurrir en el mismo inmueble donde convivían la víctima, su madre, el conviviente de esta y el hijo de él (el ahora sentenciado). Esta dinámica familiar incrementó el riesgo para la menor, quien se encontraba en una posición de dependencia y exposición constante al agresor.
La pericia social confirmó acoso reiterado y un entorno de riesgo, factores que agravaron la calificación del delito y justificaron la imposición de la sanción máxima.
Estadísticas judiciales
Según datos de la Fiscalía General del Estado, entre 2015 y 2025 se registraron 86.962 denuncias por delitos contra la integridad sexual y reproductiva, incluyendo violación, abuso sexual y acoso. Esta cifra refleja la persistencia de la violencia sexual, particularmente contra niñas y adolescentes.
En provincias costeras como Manabí, los casos de vulneración a menores siguen siendo preocupantes. (27)
