La muerte violenta de alias "Marino", señalado como cabecilla de la organización criminal Los Lagartos, no solo estremeció a uno de los sectores residenciales más exclusivos del país, sino que abrió una ventana incómoda hacia una estructura económica que hoy está bajo la lupa de las autoridades.

El crimen de Stalin Olivero Vargas, ocurrido la noche del 7 de enero en Isla Mocolí, dejó al descubierto un entramado de lujo, empresas de giro amplio, baja carga tributaria y vínculos personales que ahora concentran la atención policial, política y mediática.

Cinco días después del sicariato, el 12 de enero, personal especializado ejecutó tres allanamientos simultáneos en la etapa La Península, dentro de la isla. Las viviendas estaban deshabitadas. No hubo detenidos ni ocupantes, pero sí testimonios relevantes.

Vecinos señalaron que las casas eran frecuentadas por Bryan Soria Álava, asesinado en noviembre dentro de un vehículo Porsche, y su pareja, C. C. En una de ellas —según residentes— vivía alias "Marino" junto a su prometida, M. M., de acuerdo con una nota del portal Ecuavisa.

Dos nombres involucrados con "Marino"

La principal hipótesis que guía las investigaciones apunta a lavado de activos y al posible origen ilícito de bienes adquiridos bajo un perfil empresarial aparentemente legal. En ese contexto, dos mujeres del entorno más cercano de los fallecidos quedaron bajo observación financiera.

M. M., de 31 años, figura como accionista y directiva en varias compañías. Está vinculada a Arcobal, dedicada a la venta minorista de bienes no alimenticios; a Blacksheepecuador S.A., enfocada en la gestión de eventos; y fue exaccionista de Cintialand S.A., empresa de asesoría jurídica y económica.

No registra procesos judiciales ni contratos con el Estado. Sin embargo, su historial tributario es limitado: no paga impuesto a la renta desde 2021 y, en cinco años, registra apenas USD 1.400 por concepto de salida de divisas.

El segundo nombre es C. D. C. P., de 37 años. Aparece como gerente general y accionista mayoritaria de D Gallery-Nest S.A., dedicada a la fabricación de muebles y obras civiles, con un capital declarado de USD 141.000.

También fue exaccionista de Soring International S.A., empresa en la que su esposo figuró como socio mayoritario y gerente, con un capital reportado de USD 1 millón. En 2024, C. D. C. P. pagó USD 24.000 de impuesto a la renta; en 2025 no registra pagos. En dos años, canceló USD 3.800 por salida de divisas.

El video de España

Mientras las autoridades intentan determinar si estas empresas y propiedades corresponden a actividades lícitas o si funcionaban como posibles fachadas, el caso escaló a la arena política y digital.

Tras el asesinato de alias "Marino", en redes sociales se viralizaron imágenes de mujeres influencers exhibiendo viajes, fiestas y lujos en el extranjero. De manera informal, a este grupo se lo denominó "Las Muñecas de la Mafia".

En medio de la polémica apareció la asambleísta oficialista de ADN, Rosa Alegría Torres, presidenta de la Comisión de Justicia. Fotografías y videos la muestran compartiendo espacios con algunas de las mujeres mencionadas en redes, entre ellas quien fue pareja de "Marino".

La legisladora negó cualquier vínculo y rechazó los señalamientos. "¿Si usted aparece en una foto, significa que está vinculado? Por supuesto que no", afirmó, asegurando que se trata de un ataque político.

El lunes, Torres enfrentó a la prensa en la Asamblea Nacional. Negó conocer a las personas con las que aparece en imágenes captadas incluso en Madrid (España) y retó públicamente a quienes la acusan. Rosa Torres, nacida en Quevedo en 1995, proviene de una familia con trayectoria política y tuvo exposición pública previa como candidata a Miss Ecuador 2017.

Otra figura que se pronunció fue la influencer Nicole Pinilla, quien aparece en uno de los videos difundidos. A través de sus redes sociales, aclaró que el material fue grabado hace aproximadamente tres años y rechazó cualquier intento de vincular su imagen con hechos delictivos.

Hasta el momento, no existe ninguna investigación judicial que vincule a Rosa Torres con estructuras criminales ni un proceso formal relacionado con el denominado caso de "Las Muñecas de la Mafia".

Un lugar exclusivo

Isla Mocolí, asentada sobre el río Babahoyo y conectada por un puente de 400 metros a la vía Samborondón, es uno de los desarrollos residenciales cerrados más exclusivos del Guayas. Hoy, ese símbolo de estatus enfrenta un impacto en su imagen. Los moradores exigen patrullajes permanentes y mayores controles, luego de que quedara en evidencia que los filtros de seguridad fueron vulnerados en cuestión de segundos la noche del crimen. (10).