Una pareja fue enviada a prisión preventiva en Rumiñahui, provincia de Pichincha, tras ser procesada por segunda vez en menos de un mes por simular funciones policiales y llevar a cabo operativos ilegales. César Aníbal A.A., y Marjorie Estefanía S.A., enfrentan una instrucción fiscal de treinta días por los delitos de usurpación y simulación de funciones públicas, según informó la Fiscalía el 15 de enero de 2026. La reincidencia de los implicados en este tipo de actos delictivos ha generado una respuesta judicial contundente por parte de las autoridades.

La medida de privación de libertad se dictó luego de una audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos que un juez llevó a cabo en la Unidad Judicial de lo Penal del cantón Rumiñahui. Los hechos que motivaron esta nueva detención ocurrieron el día anterior, 14 de enero, cuando agentes policiales aprehendieron a la pareja en el sector de Conocoto, al suroriente de Quito. Este arresto marca un precedente importante en la lucha contra la suplantación de identidad y el abuso de autoridad.

Alerta ciudadana

La intervención policial se desencadenó gracias a una alerta ciudadana. Vecinos informaron a la Policía Nacional sobre un presunto "operativo de control" que, al parecer, era ejecutado por "falsos policías". Al llegar al lugar señalado, los agentes encontraron a un hombre y una mujer que revisaban un vehículo de color blanco. La pareja vestía prendas que simulaban ser uniformes del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), lo que levantó de inmediato las sospechas de las autoridades, quienes procedieron a verificar la situación y solicitar la identificación de los individuos.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos intentaron evadir a los agentes. Sin embargo, los uniformados los interceptaron rápidamente y, tras un registro, los aprehendieron. Como parte de las evidencias, la Policía incautó una motocicleta de color negro, la cual carecía de placas y estaba equipada con balizas, elementos característicos de las motocicletas utilizadas por los agentes motorizados de la institución. Este hallazgo reforzó la hipótesis de que los detenidos buscaban imitar la autoridad policial para engañar y posiblemente extorsionar a sus víctimas, aprovechándose de la confusión y el temor que generaban.

Engañaban a conductores

Una de las personas que se movilizaba en el vehículo revisado por los falsos policías relató a las autoridades la violenta detención que sufrió junto a su esposa y su nieta. Según su testimonio, los procesados les exigieron la matrícula del automóvil y la licencia de conducir, y luego les ordenaron trasladarse a otro lugar con el pretexto de "ingresar el vehículo" porque supuestamente "estaba reportado como robado". Este modus operandi, que buscaba intimidar y posiblemente extorsionar a los ciudadanos, es el mismo que la pareja habría empleado en ocasiones anteriores, demostrando un patrón de conducta delictiva bien establecido.

De hecho, la Fiscalía reveló que César Aníbal A.A., y Marjorie Estefanía S.A., ya habían sido investigados por un incidente similar a mediados de diciembre de 2025. En aquella ocasión, los hechos se registraron en la entrada al sector de La Roldós, ubicado en el norte de Quito, lo que llevó a la apertura de una instrucción de treinta días en su contra por el mismo delito. La acumulación de estos casos refuerza la acusación de reincidencia y la peligrosidad de sus acciones para la seguridad ciudadana, lo que justifica la medida de prisión preventiva.

Marco Legal

El delito de usurpación y simulación de funciones públicas, por el cual se procesa a esta pareja, se encuentra tipificado en el artículo 287, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador. Esta normativa establece que la persona que ejerza funciones públicas sin la debida autorización o simule un cargo o función pública será sancionada con una pena privativa de libertad que oscila entre uno y tres años. La reiteración de este delito por parte de los detenidos subraya la gravedad de sus acciones y la necesidad de una respuesta judicial contundente para proteger a la ciudadanía de este tipo de engaños y abusos de autoridad, garantizando la confianza en las instituciones del Estado. (22)