La Fiscalía imputó al concejal Miguel M., edil de Santo Domingo, por su presunta participación en el ataque armado contra Washington V. C., ocurrido el pasado 5 de marzo de 2025 en el domicilio de Washington. La víctima recibió dos impactos de bala y sobrevivió de forma milagrosa, se informó.

Atentado en plena vía pública

El ataque se registró en inmediaciones del domicilio de la víctima, cuando un hombre armado disparó en varias ocasiones contra Washington V. C. Dos proyectiles impactaron en su tórax y clavícula, uno de ellos permanece alojado cerca del esternón. Según el testimonio del afectado, el agresor le habría dicho: “Esto es para que no te metas con el señor M.”, aludiendo al concejal investigado, según información del abogado de la presunta víctima.

El atacante huyó al trabarse el arma, mientras un taxista lo esperaba para facilitar su escape. La Fiscalía rastreó al conductor, lo vinculó al caso y, con su testimonio, obtuvo indicios que señalan al edil Miguel M. como posible autor intelectual, según el abogado de la víctima.

Proceso judicial contra el concejal

La jueza de la causa dictó prisión preventiva contra el concejal el 8 de septiembre, al considerar que se cumplen los requisitos del Código Orgánico Integral Penal. La defensa del edil apeló la medida, que ahora deberá resolver la Corte Provincial de Justicia.

El abogado de la víctima, Arturo Brito, afirmó que Washington V. se encuentra bajo el sistema de protección de víctimas y testigos, junto a su familia, debido a las amenazas recibidas tras el atentado. “Queremos justicia imparcial, sin presiones políticas”, señaló.

La depresión como trasfondo de la violencia

El edil investigado no asistió a la sesión de concejo municipal del 9 de septiembre. Mientras tanto, el agresor material continúa prófugo. La Fiscalía mantiene abierta la instrucción por 90 días más para recabar nuevas pruebas.

La defensa de la víctima sostiene que, aunque el concejal alegue fuero de corte, este no aplica en delitos comunes como la tentativa de asesinato. “El fuero cubre actos vinculados a funciones, pero no hechos criminales”, explicó Brito (31).