El Concejo Municipal de Santo Domingo vivió una sesión marcada por enfrentamientos entre concejalas y alcalde, centrada en la restitución de pagos por sanciones de tránsito.
La sesión del Concejo Municipal de este martes 30 de septiembre de 2025 se tornó tensa ayer, cuando las concejalas Diana Coloma y Diana Saltos defendieron la acción de protección para que la EPMT devuelva los valores cobrados ilegalmente por multas , enfrentándose a la actitud del alcalde, quien abandonó temporalmente la sesión y provocó reproches públicos.
Enfrentamiento en la sesión
Durante la sesión, la concejal Diana Coloma denunció que el alcalde abandonó la reunión para evitar escuchar críticas sobre la administración del tránsito . “Cada vez que hablamos de temas relevantes, se hacen este tipo de omisiones”, afirmó.
La concejal Diana Saltos explicó que la acción de protección busca que la EPMT cumpla la ley y devuelva los cobros indebidos , defendiendo los derechos de los ciudadanos frente a irregularidades administrativas.
El alcalde salió y regresó, provocando interrupciones y encendiendo el debate sobre procedimientos y respeto institucional .
Declaraciones y reproches
Coloma reiteró que la acción de protección no es un show político , respondiendo a comentarios que sugieren que la medida busca reelección. Señaló que la actitud del alcalde afecta la transparencia y la defensa de los ciudadanos , e incluso mencionó que apagaron los micrófonos mientras intentaban intervenir.
Saltos indicó que la medida legal sigue vigente y que su objetivo es garantizar la devolución de dinero captado indebidamente por la EPMT, cuestionando la gestión del alcalde sobre el organismo de tránsito.
El debate se intensificó cuando ambas concejalas acusaron al alcalde de desobedecer el reglamento interno del Concejo. Esto al interrumpirlas y evitar que expusieran sus argumentos frente a los demás miembros y medios de comunicación.
Contexto legal y administrativo
Un juez acogió la acción de protección presentada por Coloma y Saltos, determinando que la Ley de Integridad Pública no tiene efecto retroactivo. Esto permite devolver los valores cobrados.
Las concejalas enfatizaron que la medida no busca perjudicar al alcalde ni a la administración municipal. Sino defender los derechos de los ciudadanos y promover mayor transparencia en la gestión de sanciones .
El caso evidencia la necesidad de revisar los procedimientos de las cámaras de tránsito y la supervisión de agentes civiles, y garantizar que los cobros se realicen conforme a la normativa vigente .
