Organizaciones sociales convocan un plantón esta tarde en Santo Domingo para exigir al gobierno respuestas frente al encarecimiento generalizado y crisis institucional.
Hoy martes 7 de octubre de 2025, organizaciones sociales y pueblos quichuas de la provincia de Santo Domingo realizarán un plantón y marcha pacífica en la ciudad, a partir de las 16:00, con el objetivo de presionar al gobierno nacional por el aumento del costo de vida, la falta de medicinas, empleo e inseguridad.
Desde tempranas horas, dirigentes y colectivos empezaron a movilizar adherentes para la protesta convocada esta tarde. La concentración se fijó en el Parque de la Juventud de Santo Domingo, con un recorrido por avenidas principales en la ciudad.
Según José Llumitasig, presidente de los Pueblos Quichuas de la provincia, la marcha busca hacer escuchar las demandas ciudadanas frente a un “gobierno que no responde” al encarecimiento, la escasez de medicamentos y la inseguridad. No utilizarán banderas políticas, pero convocan a la unión de todos los sectores sociales.
El Frente Popular de Santo Domingo, representado por Gloria Toapanta, señala que las medidas establecidas por el decreto 126 han agravado la situación económica nacional. Acusó al gobierno de privilegiar condonaciones fiscales mientras ajusta servicios públicos y eleva tarifas.
Mientras tanto, el colectivo Resistencia Vida, con la voz de Daniel Almeida, enfatiza que los jóvenes viven una crisis profunda. Aducen un desempleo juvenil superior al 60 % y denuncian que el alza del diésel impacta directamente en los servicios básicos como transporte y salud.
Contexto nacional del conflicto
Estas movilizaciones locales se inscriben en un clima social tenso en Ecuador. Protestas multitudinarias se han extendido desde el 22 de septiembre como rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, que elevó su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón.
El gobierno, por su parte, afirma que la medida liberará unos 1 100 millones de dólares al año para programas sociales y estímulos productivos.
En respuesta al estallido social, el Ejecutivo decretó estado de excepción en diez provincias. Posteriormente, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del estado de excepción en Santo Domingo, entre otras provincias, al considerar que no existía la gravedad que justifique tal medida.
Adicionalmente, en el marco de las protestas, surgió un video en el que se evidencia el uso excesivo de la fuerza militar contra manifestantes heridos, lo que ha generado nuevas denuncias de derechos humanos.
Las organizaciones convocantes han formulado una serie de peticiones directas al gobierno nacional:
Restaurar el subsidio al diésel o implementar subsidios diferenciales para los sectores más vulnerables.
Dotar de medicina e insumos suficientes para hospitales públicos en todas las provincias.
Crear fuentes de empleo, en lugar de recortar personal público, y reactivar la economía local.
Garantizar la seguridad ciudadana, ante el aumento de la delincuencia percibida y real.
Liberación de los detenidos políticos relacionados con protestas anteriores.
Durante la marcha, se espera que los dirigentes entreguen un pliego de peticiones a autoridades locales, y se impulse una agenda de diálogo con el Ejecutivo.