El 16 de noviembre de 2025 , los ecuatorianos decidirán en las urnas si se instala una Asamblea Constituyente . En Santo Domingo de los Tsáchilas , líderes sociales, abogados y autoridades insisten en la necesidad de que la provincia tenga representación propia. Esto, con el fin de defender sus intereses locales en un debate nacional que podría redefinir competencias del Estado.

Asamblea para reescribir la Constitución

La iniciativa fue impulsada por el presidente Daniel Noboa , tras la validación de la Corte Constitucional , que autorizó la consulta popular. De aprobarse, el nuevo órgano tendrá un mandato específico: redactar una nueva Carta Magna , que posteriormente será sometida a referendo nacional.

La propuesta contempla que la Asamblea Constituyente esté integrada por 80 miembros , de los cuales 24 serán nacionales, 6 representarán a migrantes y 50 corresponderán a las provincias. En este escenario, Santo Domingo elegirá dos delegados propios, lo que abre la posibilidad de llevar la voz local a un espacio decisivo.

La abogada María Beltrán señaló que sin participación directa, la provincia corre el riesgo de que sus prioridades “se decidan desde Quito sin tomar en cuenta realidades locales”, como la autonomía fiscal, la planificación urbana y la movilidad.

Impacto en Santo Domingo y autonomía

Una nueva Constitución no sustituirá las ordenanzas locales, pero sí sentará el marco en que municipios y prefecturas deberán operar. Esto puede afectar normativas como la Ordenanza de Movilidad y Transporte o el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) .

El politólogo Andrés Oña considera que este proceso es una oportunidad y a la vez un riesgo: “Santo Domingo es una provincia joven y debe asegurarse de que su autonomía quede blindada en el rediseño institucional”.

En el ámbito ambiental, la activista María Piedad Maldonado recordó que la Constitución de 2008 fue pionera al reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos. “Hoy, los ríos están cada vez más contaminados y la deforestación avanza. Si se pierde el enfoque ecológico, el territorio quedará más vulnerable”, advirtió.

Costos, tiempos y propuestas locales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) calcula que el proceso, desde la consulta hasta el referendo final, costará más de USD 200 millones , incluyendo logística, sueldos y campañas. La redacción de la nueva Constitución tomaría entre seis y ocho meses.

En Santo Domingo, distintos sectores han empezado a delinear propuestas. Entre ellas figuran el financiamiento de infraestructura vial , la descentralización de salud y educación , un régimen especial para el pueblo Tsáchila y la asignación de recursos garantizados para seguridad y movilidad urbana .

“No basta con elegir constituyentes, deben llegar con agendas claras que respondan a la realidad de la provincia”, insistió Beltrán (21).