La Defensoría del Pueblo de Santo Domingo de los Tsáchilas verificó que aproximadamente 150 unidades de transporte urbano mantienen torniquetes. Aquello refleja que los transportistas están omitiendo la orden judicial que exigía su retiro antes del 5 de julio de 2025 . La inspección, liderada por el defensor provincial Miguel Vásconez , se realizó en las calles Ambato y Guayaquil, frente al mercado central. La persistencia de estos dispositivos vulnera derechos de accesibilidad para personas con movilidad reducida , adultos mayores y mujeres embarazadas. Por este motivo la Defensoría del Pueblo presentó un informe a la jueza encargada del caso.
El defensor del Pueblo provincial, Miguel Vásconez , detalló que la verificación incluyó unidades del Consorcio MÍO (operadoras Ejecutrans , Transmetro y Tsáchila ) y de las cooperativas Río Toachi y Rumiñahui . “Hemos elaborado un informe que evidencia el incumplimiento por parte de las operadoras (de transporte urbano)”, afirmó Vásconez , subrayando que la orden judicial para el retiro de los torniquetes establecía un plazo de 30 días , vencido el pasado 5 de julio .
Dicho plazo se originó de una acción de protección impulsada por la concejala Liliana Silva , quien solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo ante las persistentes denuncias ciudadanas. “El equipo técnico inspeccionó físicamente las unidades, dialogó con usuarios y constató el incumplimiento. Esta situación vulnera los derechos de los ciudadanos, especialmente de personas con movilidad reducida, adultos mayores y mujeres embarazadas, quienes enfrentan barreras físicas al usar el transporte”, explicó Vasconez. El informe fue entregado a la jueza Susana Sotomayor , esperando una nueva audiencia para medidas correctivas.
La concejala Liliana Silva enfatizó que el incumplimiento no solo es una desobediencia judicial, sino también una falta de respeto hacia la ciudadanía de Santo Domingo que usa este medio de transporte. “Hablamos de condiciones básicas de dignidad y accesibilidad. Los torniquetes son mecanismos obsoletos que no tienen cabida en un sistema de transporte moderno”, señaló Silva. La Defensoría del Pueblo no descarta recomendar sanciones administrativas o acciones judiciales adicionales si las operadoras continúan incumpliendo la orden.
La normativa legal vigente exige que el transporte público garantice accesibilidad para todos los usuarios, y el retiro de los torniquetes es fundamental para cumplir con esta obligación y la acción de protección. Vasconez reiteró que la Defensoría actuará como garante de estos derechos, exigiendo cumplimiento y dando seguimiento judicial. La decisión sobre los próximos pasos recae ahora en la jueza Sotomayor (21).
