Este miércoles 21 de enero de 2026, alrededor de las 14h30, taxistas del gremio amarillo realizaron una marcha pacífica en Santo Domingo, en los exteriores de la empresa de transporte municipal, para rechazar las sanciones electrónicas, exponer afectaciones económicas y solicitar revisión técnica y legal del sistema, con el respaldo de la concejal Diana Saltos.

Concejal acompañó la marcha

La movilización congregó a propietarios de taxis que, según los organizadores, fueron convocados de manera directa. Durante la jornada, además, se insistió en que la protesta tuvo un carácter pacífico. Asimismo, los participantes señalaron que el objetivo fue visibilizar su situación ante la ciudadanía y las autoridades locales.

La concejal Diana Saltos acompañó la marcha y tomó la palabra para explicar las razones de la convocatoria. "Se convocó a la mayor parte de la transportación amarilla, no a los dirigentes vendidos, sino a los dueños de los taxis, a los que en realidad salen a trabajar día a día", afirmó. Además, sostuvo que el malestar se origina por sanciones que, a su criterio, carecen de sustento técnico.

Saltos añadió que los transportistas están inconformes con el impacto económico de las multas. "Hoy nos encontramos haciendo esta protesta pacífica porque ya están cansados. Nos vacuna la delincuencia, nos vacunan estos dispositivos electrónicos que son multas ilegales, son multas que no deben operar", declaró ante los asistentes.

Impacto económico y reclamos administrativos

De acuerdo con los manifestantes, los ingresos diarios de un taxista oscilan entre 25 y 30 dólares. Sin embargo, señalaron que ciertas sanciones superan los 54 dólares por infracciones como mal estacionamiento. Por ello, indicaron que, aunque no buscan promover el desorden, solicitan que los controles se apliquen de forma técnica y proporcional.

Asimismo, se denunció que existen procesos administrativos que derivan en sanciones adicionales. Según lo expuesto, se han producido bloqueos de cuentas, lo que, según los participantes, afecta no solo al gremio, sino también a otros sectores económicos. En ese contexto, se informó que se presentaron acciones legales, las cuales se encuentran en etapa de apelación.

La concejal explicó que estas acciones se impulsan desde la sociedad civil. Además, sostuvo que el reclamo trasciende al sector del transporte. "Esto no solo afecta a los taxistas, sino a toda la sociedad civil y también a los dueños de los negocios", manifestó.

Denuncias y procesos en curso

Otro de los puntos expuestos fue el costo del kit de seguridad implementado para los taxis. Según lo señalado en la marcha, el proyecto tuvo un valor aproximado de 6 millones de dólares. Además, se indicó que, de manera adicional, se cobraron 60 dólares a los socios. Los manifestantes calificaron el proyecto como fallido.

Por esta razón, informaron que ya se presentó una denuncia ante la Contraloría General del Estado. De acuerdo con lo expresado, se solicitó que el organismo actúe con agilidad y transparencia para revisar el proceso. En cuanto a las multas, se señaló que ya se realizó una audiencia judicial; sin embargo, los dirigentes indicaron que la decisión fue impugnada y que continuarán con los recursos legales disponibles.

Voces del gremio

Edwin Ayala, taxista, expresó su inconformidad durante la protesta. "Esto es demasiado el tema de las multas. Las multas es en cada esquina. Uno que pasa las 24 horas del día trabajando, ¿a dónde vamos a llegar semanalmente, mensualmente?", cuestionó. Además, añadió: "Hay que parar eso porque es demasiado; hay cobros por delincuencia, por radares y por cámaras".

La marcha concluyó sin incidentes, mientras los participantes reiteraron que mantendrán sus reclamos por las vías legales e institucionales correspondientes. (23)