El uso de fotorrojos sigue activo en Santo Domingo de los Tsáchilas , pese a que desde el 26 de junio de 2025 rige una suspensión legal nacional que prohíbe su uso. Así lo alertó el abogado Ángel Chum por casos recientes de multas.
En Santo Domingo se hace caso omiso
Desde el 26 de junio de 2025 , la Disposición Transitoria Quinta de la Ley Orgánica de Integridad Pública suspendió por seis meses el uso de medios tecnológicos de detección de infracciones viales. Esto incluye radares, fotoradares y cámaras de fotomultas.
Sin embargo, en Santo Domingo de los Tsáchilas , la Empresa Pública Municipal de Transporte (EPMT-SD) continúa emitiendo multas por cruces en semáforo en rojo. Un caso se registró el 20 de julio de 2025 en la avenida Los Colonos, valorada en $141.
El abogado litigante Ángel Chum advierte que dicha medida legal suspende el uso de fotorrojos hasta el 26 de diciembre de 2025. Lo que quiere decir que toda multa impuesta con estos sistemas puede ser impugnada , dado que carecen de homologación del INEN, calibración y autorización de la ANT.
La EPMT-SD ha respondido ante un caso concreto afirmando: “ Estos sí están sancionando... Si tiene la certeza de que no cometió la falta, acérquese a la EPMT y verifique en los sistemas ”. Esto confirma que los dispositivos siguen operativos pese a la suspensión nacional.
Suspensión legal nacional vs. operatividad local
El abogado Stalin Naranjo aconseja a los conductores no pagar de inmediato y argumentar que un dispositivo sin certificación generó la multa. Esto permite impugnarla ante la Unidad Judicial de Tránsito dentro de tres días hábiles, con asesoría legal. En una audiencia, el juez puede anular la multa, ordenar la devolución del dinero si los conductores ya lo pagaron e imponer sanciones a la entidad que incumplió la ley, según indica Chum.
Varios juristas, entre ellos Rody Huerta , consideran que la ANT y la Contraloría General del Estado deben intervenir para investigar si la EPMT-SD ha incurrido en omisión legal o abuso de poder al seguir multando.
Además, críticos resaltan que la Procuraduría Síndica del municipio, liderada por Juan Mena , dictó que no se tramiten impugnaciones fuera del plazo interno de tres días. Esto podría ser ser inconstitucional pues ignora la suspensión temporal del uso de dispositivos tecnológicos, se indicó.
En marzo de 2025, la ANT declaró inhabilitados los radares sancionadores en toda la provincia, incluyendo Santo Domingo, por falta de calibración y homologación técnica. Según El Diario, los 30 radares sancionadores existentes en esa ciudad habían sido clausurados por falta de requisitos legales. No obstante, la recaudación por multas en Santo Domingo alcanzaba cerca de 1 millón de dólares mensuales (21).
