La decisión de la Corte Constitucional, de aceptar parte del veto del presidente de la República al proyecto reformatorio a la Ley de Comunicación, es saludable para la democracia y la garantía de los derechos.

Las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora al Gobierno, tienen un carácter restrictivo y sancionador, y son más radicales que la aún vigente ley.

Muchos de sus artículos no pueden aplicarse sin vulnerar el derecho de las personas a opinar en forma libre y a informarse sin la intervención de mecanismos de censura.

Por ello, es plausible que la Corte Constitucional se haya pronunciado a favor de los derechos individuales a la libre información y expresión, pues estas libertades no solamente interesan a los periodistas y a los medios de comunicación, sino a toda la sociedad.

«El país no debe volver a ver sometidos sus derechos por leyes que restringen libertades”.

El país no debe volver a ver sometidos sus derechos por leyes que restringen libertades de carácter universal; mucho menos, a sentirse amenazado por normas que endurecen sanciones ante la opinión.

Ahora, la Asamblea Nacional debe respetar el pronunciamiento de la corte y aplicar las disposiciones. Bien por el respeto y vigencia de los derechos.

Editorial de El Diario publicado este miércoles 5 de octubre del 2022 en nuestra edición impresa.