Una inspección técnica a torniquetes en buses urbanos se realizó este sábado 12 de abril de 2025, en Santo Domingo, occidente de Ecuador.

La diligencia fue parte del proceso legal impulsado por la concejal Liliana Silva, quien presentó una acción de protección para exigir el retiro de los torniquetes en buses urbanos.

La actividad se efectuó en la parada de las calles Ambato y Guayaquil, una zona de alta congestión por la presencia del mercado central.

Allí estuvo presente la jueza Susana Sotomayor, quien lidera el caso. También participaron abogados de las partes involucradas, dirigentes de cooperativas de transporte, dos peritos de criminalística y representantes ciudadanos.

Se evaluó accesibilidad por torniquetes

Durante la primera inspección, en las afueras de la Casa Judicial, 25 personas subieron a un bus de la cooperativa Transmetro, que cuenta con torniquete.

Más tarde, en la parada de la calle Guayaquil y Ambato, se hizo una prueba práctica del tiempo que toman los usuarios para ingresar.

Una persona con discapacidad necesitó dos minutos para bajar por la rampa hidráulica, lo cual fue señalado como una muestra de las dificultades para los grupos vulnerables.

Federico Mora, de la asociación de Personas con Discapacidades Especiales, se enteró que apenas el 10% de la flota cuenta con rampas hidráulicas. También conoció que todos los buses tienen asientos amarillos para personas con necesidades prioritarias. Sin embargo, el acceso sigue siendo limitado para personas con contextura robusta o quienes cargan bultos, dijo la concejal, Liliana Silva.

La comitiva también abordó un bus de la cooperativa Río Toachi, que no cuenta con torniquete. Este controla el ingreso mediante una cámara. Otro bus inspeccionado fue de la línea Ejecutrans, que sí conserva el torniquete en su forma original. Según la concejal Liliana Silva, algunos dispositivos han sido modificados hasta en seis ocasiones, lo que puede comprobarse por los agujeros en el piso.

Opiniones divididas sobre torniquetes

George García, vicepresidente del consorcio MIO, defendió el sistema actual. Afirmó que los torniquetes ayudan a controlar el pago de pasajes y que muchos usuarios intentan ingresar por la puerta trasera.

Además, sostuvo que el proceso se agiliza cuando se usa la tarjeta inteligente. Sin embargo, cuando se paga en efectivo, el chofer debe activar el mecanismo, lo que genera retrasos.

Óscar Salcedo, miembro del Directorio de la Empresa de Transporte, señaló que la información levantada durante la inspección será clave para que la jueza determine si se retiran o no los torniquetes en buses urbanos.

La acción legal continuará con una audiencia de alegatos, donde se analizará si estos mecanismos afectan o no los derechos de los pasajeros. Se debe definir la fecha para esta nueva diligencia.

Esta inspección es una etapa decisiva en el proceso judicial. La jueza deberá valorar si el sistema de torniquetes en buses urbanos garantiza o limita el acceso inclusivo, seguro y eficiente.